El fallo contra Boudou revela que, más que necesaria, la reforma judicial es imprescindible

A partir del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que sin ninguna explicación dejó firme la condena a 5 años y 10 meses de prisión para Amado Boudou, desde el macrismo y los medios hegemónicos no hacen más que refregarse las manos y presionar burdamente para que al ex vicepresidente se le revoque la prisión domiciliaria y, en consecuencia, vuelva a la cárcel.

En contraposición a ese mensaje de odio basado en la venganza y el revanchismo, en los últimos días desde el oficialismo se fue generando un necesario debate autocrítico en cuanto a cómo puede ser que no se haya avanzado más en la anunciada reforma judicial.

Por ahora, ese malestar hacia el innegable poder que sigue manteniendo sobre todo la justicia federal desde los tribunales de Comodoro Py, quedó plasmado en la solicitada que en respaldo a Boudou publicaron ayer juristas, dirigentes políticos y sindicales, y representantes de organizaciones de derechos humanos, en la que advirtieron que “la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre” el ex vicepresidente, “atenta contra un Estado de Derecho”.

Es que resulta incomprensible tanta demora, si se tiene en cuenta que ya a fines de agosto el Senado dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo para la reorganización de la Justicia Federal. La iniciativa recibió varias modificaciones luego de tres semanas de debate. Juntos por el Cambio votó en contra y volvió a argumentar que el proyecto “busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner”, además de criticar “la oportunidad” y el “costo” de la reforma.

Bastó que Alberto Fernández enviara al Congreso a fines de julio el proyecto de reforma judicial -cumpliendo así con una de sus promesas de campaña-, para que desde el macrismo y los medios hegemónicos empezaran a desplegar una brutal ofensiva contra esa iniciativa.

Y así, desplegaron una vez más la ya conocida característica de tergiversar burdamente los lineamientos de esos cambios que se hacen más que nunca imprescindibles, para transmitir la idea de que en realidad lo que busca el Gobierno es la impunidad de Cristina Kirchner y de cualquier funcionario que haya integrado los equipos de sus anteriores gestiones.

De esa manera, Clarín y todos sus medios, empezando por TN y radio Mitre, a los que se suman Infobae y los canales América y A24, vienen lanzando desde aquel momento una constante acción muy bien armada, que se basa en convencer que la reforma judicial en cuestión no es más que una excusa para lograr “la impunidad de los corruptos kirchneristas”.

Y como si fuera poco, esta burda campaña busca apañar al mismo tiempo a cuestionadas figuras del macrismo, que ahora son presentadas como pobres e inocentes víctimas, perseguidas por “la Justicia K”, echando un alevoso manto de olvido sobre cómo se manejó el Poder Judicial en tiempos de Mauricio Macri.

El ex presidente lo dijo con todas las letras cuando asumió en diciembre de 2015: “No habrá justicia macrista”. Sin embargo, el mismo Macri, un año y medio después, en una arenga que tenía más de amenaza que de advertencia, enfatizó: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad, o buscaremos otros jueces que nos representen”.

Demás está decir que el macrismo siempre fue consciente del control que podía ejercer sobre el Poder Judicial. Por eso, no fue casual que dos de las primeras acciones de Cambiemos fueron copar el Consejo de la Magistratura, y el tratar de incorporar por decreto a dos jueces en la Corte. En algún momento, la jueza María Servini de Cubría aseguró que en 40 años de Poder Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con aquel gobierno.

La avanzada del oficialismo sobre la Justicia a lo largo de los 4 años del macrismo, tuvo varios capítulos, que se sumaron a las permanentes operaciones que finalmente lograron desplazar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.

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