La Justicia bonaerense ordenó al gobernador Axel Kicillof que equipare los salarios de los jueces en forma escalonada a lo que perciben sus pares de Nación, tras una presentación que realizó el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. El gobierno ya avisó que es “impagable” y que el fiscal de Estado apelará el fallo. ¿Quién es el magistrado detrás del pedido?
La presentación fue realizada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios judiciales bonaerenses y los presidentes de las asociaciones de los 19 Departamentos Judiciales de la provincia, hace dos años, aunque la resolución llegó recién ahora. El presidente de esa entidad entonces era el juez Rodrigo Hernán Cataldo, de buenos vínculos con la ex gobernadora María Eugenia Vidal y denunciado por maltrato y violencia por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y también por la Comisión Provincial por la Memoria. Dejó ese puesto en noviembre de 2019.
Cataldo integra la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, cargo al que fue ascendido en 2019 de la mano de Vidal, quien elevó su pliego al Senado bonaerense. Su postulación generó resistencias en el gremio judicial y también entre los organismos de derechos humanos porque, desde 2010, el magistrado acumula denuncias por maltrato y violencia.
En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pidió impugnar su pliego al Senado por la cantidad de presentaciones en contra que ya acumulaba Cataldo, pero no fue oída. La primera denuncia fue realizada por la AJB en 2012. El gremio denunció ante la Secretaría de control disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense graves hechos de violencia laboral. La entidad gremial también lo denunció ante el Ministerio de Trabajo por violar la prohibición de tener trabajadores no registrados en el ámbito del poder judicial.
Sobrecarga permanente de tareas, amenazas de ser sumariados, maltrato y los pedidos para que los empleados renuncien al derecho al ascenso, son algunos de los hechos denunciados contra el juez Cataldo. La violencia laboral desplegada por el magistrado llegó, incluso, a poner en riesgo la salud de las personas que trabajaban bajo su órbita: una empleada con problemas en la médula espinal y los huesos de la columna vertebral debía atender sola y de pie la mesa de entrada durante toda la jornada. A otra le impidió reiteradamente acompañar a sus familiares ante situaciones de intervenciones quirúrgicas o graves enfermedades.
A pesar de la cantidad de las denuncias y de su extensión en el tiempo, ninguna de los pedidos de sanción contra el juez prosperó. La Suprema Corte incluso a minimizó estas denuncias; para el Máximo Tribunal estos hechos sólo “configuraron rispideces o conflictos laborales inevitables acaecidos en el marco de una reestructuración de la organización del trabajo dentro del Juzgado”.
Justo en 2019, mientras esperaba que el Senado tratara su pliego para ser ascendido, Cataldo hizo silencio frente a la postulación de Sergio Torres como candidato de Vidal para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Era presidente del Colegio de Magistrados pero ni se inmutó frente al hecho de que Torres no cumpliera con el requisito de tener domicilio acreditado en provincia, un requisito que fija la Constitución para acceder al cargo. No impugnó el pliego y tuvo recompensa: días después consiguió ser nombrado camarista.
“Impagable”
El gobierno bonaerense ya anticipó que apelará el fallo que pide equiparar los salarios de los jueces bonaerenses y que fue dictado por el conjuez de Lomas de Zamora, Juan Manuel Álvarez Echagüe, al hacer lugar a la vieja presentación de Cataldo.
La respuesta correrá por cuenta del fiscal de Estado, Hernán Gómez, ya que en el gobierno consideran que es “impagable” e “irracional” que los jueces bonaerenses pretendan equipararse a los nacionales.
En detalle, el fallo le ordena al Poder Ejecutivo provincial que proceda a la recomposición salarial de magistrados y funcionarios, con un tope equivalente al 80% de la remuneración de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, y que complete esa recomposición en cinco años como máximo. Le pide que incluya las partidas para pagar el incremento en el Presupuesto 2022.
“Con el pronunciamiento se reconoce que las y los magistrados y funcionarios bonaerenses han sufrido un severo y sostenido deterioro de sus salarios en los últimos años, lo que constituye una violación al principio de Intangibilidad de las remuneraciones, que tiene rango Constitucional como parte del sistema republicano de Gobierno”, sostuvieron desde el Colegio de Magistrados que hoy es conducido por el juez Alfredo Noel.
“La trascendencia de esta decisión, alcanzada por el compromiso sostenido de las 19 departamentales y de los más de 7.600 asociadas y asociados, es que constituye un reconocimiento del derecho de las y los bonaerenses a contar con un Poder Judicial jerarquizado y con las condiciones necesarias para garantizar su independencia”, concluyó el comunicado de los magistrados.