Al menos $ 20 millones en concepto de traslados aéreos para Mauricio Macri y su equipo de campaña, fue el gasto que demandó aquella gira del “Sí, se puede”, en la que el entonces presidente visitó 30 ciudades en 30 días, en la búsqueda de su reelección en los comicios de octubre de 2019.
Después de la dura derrota sufrida en las PASO de agosto de ese año, la desesperación se apoderó de los referentes de Juntos por el Cambio, y fue así que se programó esa ambiciosa gira que tenía como objetivo revertir aquel resultado de las primarias, por lo que el Gobierno decidió poner el aparato del Estado a su disposición.
Según consta en un pedido de informes oficial al que tuvo acceso Ámbito, entre septiembre, mes del comienzo de la recorrida, y octubre, la Dirección General de Logística registró $ 8.150.423,37 en concepto de viáticos rendidos por Macri y su equipo de campaña, y unos $ 12.054.740,60 en pasajes aéreos/terrestres.
El periodista Juan Amorín precisa que, sobre un total de 44 viajes reportados en el informe, en al menos 30 oportunidades el entonces presidente viajó en rol de candidato y no para cumplir tareas específicas vinculadas a la función pública.
Y un dato no menor que demuestra la impunidad con que se manejaba aquella administración, su equipo de campaña utilizaba la flota aérea oficial para visitar las ciudades a las que asistiría el presidente una semana más tarde en el marco de la gira electoral. Es decir, el Estado pagó no solo los traslados de un mandatario que en realidad cumplía funciones de candidato, sino que también los de su equipo partidario, que viajaba días antes a preparar el acto.
Por ejemplo, el 30 de septiembre Macri encabezó el segundo acto de la gira “Sí Se Puede” en la ciudad bonaerense de Junín, adonde llegó en el helicóptero oficial junto a su equipo de campaña, sin haber realizado acto oficial alguno previamente. Según consta en los registros, exactamente una semana antes, el 23 de septiembre, el helicóptero estatal partió de Aeroparque con destino a Junín y Arrecifes, trasladando a “funcionarios Integrantes del Ejecutivo Nacional”, es decir, a su equipo de campaña.
Lo mismo ocurrió el 25 de septiembre, cuando el mismo helicóptero partió desde Aeroparque hacia Concepción del Uruguay, Rafaela, Concordia y Sauce Viejo, entre otros, trasladando a “funcionarios del Ejecutivo”, sin dar mayores precisiones. Exactamente una semana después, Macri visitaría, también en flota aérea oficial, esas mismas ciudades en el marco de la gira de Juntos por el Cambio.
Las ciudades varían, pero la modalidad se repitió a lo largo de toda la gira partidaria: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Misiones, Salta. Ciudades de todo el país contaron con la visita de Macri en modo candidato, que abusaba de sus funciones presidenciales para hacer lo que ningún otro candidato podía, por falta de recursos o de logística: recorrer 30 ciudades en menos de un mes, gracias a la flota aérea del Estado que puso no solo a su disposición, sino también a disposición de su propio equipo de campaña, que viajaba a las ciudades días antes para los preparativos.
Si la utilización de flotas oficiales para hacer campaña electoral, que ya de por sí configuraba una ventaja sobre el resto de los candidatos, es discutible, la utilización de flotas oficiales como aviones y helicópteros del Ejecutivo por parte del equipo de campaña partidario podría representar un claro caso de defraudación a la administración pública, tal como consta en el pedido de informes.