Mientras avanza la investigación sobre la Mesa Judicial que operaba en la Casa Rosada durante la gestión de Mauricio Macri, empiezan a surgir datos insólitos sobre la relación entre los operadores del ex presidente y el Grupo Clarín. Por ejemplo, uno de los principales operadores judiciales del ex mandatario, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, le hizo 182 llamados a Ricardo Roa, el segundo en el mando de la redacción del diario Clarín.
Según revelan los periodistas Franco Mizrahi y Ari Lijalad en una investigación para El Destape, el dato surge a partir de un entrecruzamiento de llamadas que ordenó la jueza Maria Romilda Servini y que fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).
En tal sentido, el informe de la oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema empieza delinear cómo era el circuito de llamadas del operador con ministros, jueces y, sobre todo, con periodistas que hicieron su parte para darle la persecución mediática necesaria para llevar a cabo el lawfare. Entre ellos hay periodistas del Diario Clarín y La Nación.
El informe, que fue pedido en el marco de la causa que investiga las presiones al Grupo Indalo (Radio Diez y C5N), se sumó al expediente en que se investiga el intento de desguace de ese grupo por parte del gobierno de Cambiemos para poder apoderarse de él. Eso incluyó las detenciones de sus dueños, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En el desglose de las llamadas se observó que el operador judicial tuvo 231 llamados con abonados del Grupo Clarín, entre ellos, 182 comunicaciones con Ricardo Roa, número 2 del diario y, además, 23 con Nicolás Wiñazki, uno de los alfiles del Grupo, principalmente en la señal de cable TN. Por su parte, hubo 129 contactos con el diario La Nación entre los que hubo 17 con Hugo Alconada Mon, el escriba de la avanzada contra el Grupo Indalo.
En la reconstrucción que hizo El Destape, por ejemplo, se encuentra que el 6 de julio de 2016, “Pepín” tiene al menos tres llamados con periodistas de La Nación y dos con un abonado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Al día siguiente, la Nación publicó en portada como nota principal: “La Justicia le impide a Cristina Kirchner disponer de sus bienes”. Esta es tan solo una de las decenas reconstrucciones “llamativas” de lo que ocurrió durante ese tiempo y que, coincidentemente, igualan fechas de llamados con publicaciones de los dos medios hegemónicos.
En el trabajo de la DAJuDeCO se analizaron, a pedido de Servini, los contactos telefónicos de “Pepín” entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. El resultado arrojó que mantuvo 9.513 llamadas (entrantes y salientes) además de más de mil registros en el buzón de voz. Entre los contactos se destacan:
– 59 llamados con el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.
– 17 con el otro supremo que designó Macri, Horacio Rosatti.
– 162 con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.
– Más de 1.100 llamados con abonados del Gobierno de la Ciudad.
– Cerca de 1.000 llamados más con la cúpula del Poder Ejecutivo de la Nación. Desglosado, incluyen: 99 llamados con abonados de Presidencia; 477 con abonados de la Secretaría General de la Presidencia; más de 340 llamados con abonados de la jefatura de Gabinete; y 29 con la Secretaría de Legal y Técnica, comandada por otro miembro de la Mesa Judicial, Pablo Clusellas.
– 146 llamados con personas vinculadas al Banco Finansur, de donde salió parte del dinero que tenía José López en sus bolsos.
– 38 con el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat.
– 15 con el asesor presidencial José Torello, que fue quien acercó a “Pepín” a Macri y también integraba la Mesa Judicial Pro.
– Hay contactos con varios actores del caso Correo, que tanto preocupaba a Macri.
– 231 llamados con abonados del Grupo Clarín, entre ellos 182 llamadas con Ricardo Roa, el número 2 del diario, y 23 con Nicolás Wiñazki.
– 129 contactos con el diario La Nación, entre ellos 17 con Hugo Alconada Mon, el escriba de la avanzada contra el Grupo Indalo.
– 23 llamadas con Ernesto Sanz, a quien Macri puso como intermediario para hacerse del Grupo Indalo, según relató Cristóbal López en sede judicial.
Un dato no precisamente menor es que todos estos llamados no se explican por la función institucional de “Pepín” Rodríguez Simón, que durante el gobierno de Macri fue diputado del Parlasur, director en YPF y tenía a su vez un contrato millonario con la Lotería porteña. Acostumbrado a manejarse en las sombras, la presencia mediática de “Pepín” es prácticamente nula. El Destape había revelado en mayo de 2018 los millones que el Estado le pagaba a este “asesor presidencial”.
Los registros de llamadas entrantes y salientes de Pepín reflejan una parte del circuito del lawfare, impulsado por la Mesa Judicial Pro (este entramado político-judicial se investiga en otra causa que tramita en Comodoro Py, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi).
Según la denuncia –que entre otros fue impulsada por Martín Soria, recientemente designado ministro de Justicia de la Nación-, la Mesa Judicial estaba integrada por una decena de funcionarios y dirigentes cambiemitas, entre los que se cuenta Rodríguez Simón y muchos de sus contactos.
De acuerdo a los denunciantes, la “mesa judicial” constituyó “una fuerza de tareas ilegal que, al margen de toda institucionalidad, utilizó los recursos de la administración pública para cooptar y disciplinar al Poder Judicial, intentando convertir al sistema penal en una herramienta política”.