El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó este martes a cargo de la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, al dar por válidos los argumentos de su colega, María Eugenia Capuchetti, quien se inhibió de entender en el caso por considerarse una de las víctimas de las maniobras.
En la causa, que nació en los tribunales de Lomas de Zamora, fueron procesados los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a directivos del Servicio Penitenciario Federal: están acusados de haber llevado adelante seguimientos y vigilancias a políticos, jueces, periodistas y presos kirchneristas. Entre las impulsoras del caso, en su rol de querellante, está la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien no quería que el expediente fuera a parar a Comodoro Py, donde ahora se tramita la causa.
Cuando el caso finalmente pasó hace un mes a los tribunales de Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, la jueza que debía intervenir en el caso, María Eugenia Capuchetti, decidió excusarse. Planteó que ella misma pudo haber sido víctima de maniobras de espionaje que llevó adelante la conducción de la AFI en tiempos de Mauricio Macri.
“Llegado el momento de resolver la cuestión traída a estudio, se considera que resultan atendibles los argumentos esgrimidos por la doctora Capuchetti”, consideró el magistrado en la resolución.
Con esta decisión, Martínez De Giorgi quedó al frente de la causa en la que también se investiga una asociación ilícita “constituida desde el propio aparato del Estado Central, en especial, el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia, y también desde el Servicio Penitenciario Federal”.
Desde ahora Martínez De Giorgi quedará a cargo de la investigación, que ya fue remitida a los Tribunales Federales de Retiro, pese a que está pendiente un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de Cristina Kirchner.
Por otro lado, la instancia de apelación a las decisiones de Martínez de Georgi será a partir de ahora la Cámara Federal porteña.
Capuchetti había sido designada para quedar a cargo de las investigaciones en las que están procesados el ex titular de la AFI Gustavo Arribas y su ex segunda Silvia Majdalani, entre otros, pero se inhibió porque fue una de las “personas cuyos datos personales habrían sido consultados a través de la Dirección Nacional de Migraciones, por la Agencia Federal de Inteligencia” durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019).
La jueza motivó su decisión de rechazar ocuparse de la investigación que tramitaba en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y fue derivada a los Tribunales de Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación en su “condición de damnificada”.
Esto podría afectar “el ejercicio normal e imparcial de la función jurisdiccional”, planteó.
La causa que nació en Lomas de Zamora tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. Es que desde allí se logró demostrar, por un lado, la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018, pero además un grupo de WhatsApp dejó al descubierto el espionaje ilegal que se hizo a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas. Y también abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K. En total, se contabilizan más de 300 hechos de espionaje.
Precisamente por estos hechos hay abierta desde 2017 otra causa judicial en el juzgado federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, también en los tribunales de Retiro.
Ramos se excusó de intervenir y derivó el caso a Martínez De Giorgi, pero este último rechazó el apartamiento de su colega y ahora decidirá la Cámara Federal porteña.
En esta pesquisa se investiga presuntos accesos irregulares a las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones en busca de información de movimientos de entrada y salida del país de diferentes víctimas, entre ellas jueces federales.
Por eso en un principio Capuchetti se excusó de intervenir cuando comenzó a subrogar el juzgado federal 6 donde estaba radicada la causa, tras la jubilación del ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
El caso quedó radicado en el juzgado de Ramos y ahora la Cámara definirá si sigue allí o pasa también a Martínez De Giorgi.
Ramos se excusó de intervenir porque sospecha que fue objeto de las maniobras investigadas en base a informes llegados desde Migraciones “respecto a las consultas de movimientos migratorios que obraran en sus registros, en relación a jueces, fiscales, legisladores, etc”.
Pero Martínez De Giorgi rechazó los argumentos y agregó que su nombre también aparecería en el listado de buscados.