Se vienen jornadas claves para el Gobierno, en su pretensión por convertir en ley el proyecto que busca establecer criterios básicos para gestionar las medidas de cuidado a tomarse en todo el país frente a la segunda ola por el coronavirus, según el semáforo epidemiológico.
La iniciativa sobre las llamadas nuevas restricciones se debatirá el miércoles o jueves en el Senado. De todas maneras, la atención estará puesta en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta todavía con los votos necesarios para la aprobación.
El bloque de Juntos por el Cambio, tal como es su costumbre, sigue firme en su negativa para debatir el proyecto, mientras que desde el Frente de Todos están considerando modificaciones y se organizan reuniones con el fin de sumar voluntades en apoyo por parte de otros sectores de la oposición.
Por ejemplo, el interbloque del mendocino José Luis Ramón ya se pronunció a favor. La incertidumbre gira en torno a los legisladores de Consenso Federal, así como otros bloques provinciales, de los cuales muchos proponen la firma de acuerdo federal entre los gobernadores y gobernadoras, de manera de brindarle mayor legitimidad a la norma.
Así los números no llegarían a dar los resultados que necesita el oficialismo en Diputados. Se da por descontado que el proyecto será aprobado en el Senado la semana que viene, en donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría, pero, en la Cámara baja, al Frente de Todos no le dan las matemáticas para alcanzar a sancionar la ley.
En tanto, antes de conocer el texto del proyecto, Juntos Por el Cambio anunció que no acompañaría ninguna iniciativa que le diera “superpoderes” al presidente Alberto Fernández, por lo que el oficialismo debe ir a buscar votos entre los otros 23 legisladores que no forman parte de los bloques mayoritarios.
El fin último es sancionar la ley antes del 21 de mayo, fecha en la que caduca el último DNU presidencial que fija las restricciones por la pandemia, por lo que diputados y senadores del oficialismo impulsan con celeridad las posibles modificaciones al proyecto original que le permitan sumar adhesiones entre estos bloques de la oposición.
Dos de las modificaciones que se están analizando fueron propuestas por el diputado José Luis Ramón: la primera propone que el proyecto fije un límite temporal para la vigencia de la ley, la segunda que se modifique el artículo 4 en donde se llama a las provincias “delegadas del gobierno federal”. El primer cambio tiene que ver con que el proyecto original, y sostiene que las facultades delegadas al Ejecutivo regirán “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria”, frente a lo cual varios legisladores exigen que se fije un plazo de inicio y uno de finalización.
El segundo cambio, que refiere a cambiar la denominación “delegadas del gobierno federal”, fue también una demanda que se escuchó repetidas veces durante el plenario de comisiones en el que participaron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el miércoles pasado.
El proyecto de Emergencia Covid -enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo y dictaminado sólo tres días después- establece un marco normativo con criterios epidemiológicos básicos que determinan las acciones a tomar ante cada escenario para combatir la segunda ola de coronavirus. Basándose en determinados indicadores, el proyecto establece un semáforo sanitario (Bajo Riesgo, Mediano Riesgo, Alto Riesgo, Alarma Epidemiológica) a partir del cual cada región deberá tomar una serie de medidas restrictivas preestablecidas.
Una de las mayores críticas realizadas por parte de la oposición tiene que ver con la facultad que le da al Poder Ejecutivo de implementar restricciones adicionales en casos de gran emergencia en los que las medidas provinciales no hayan logrado tener efecto.