El silencio de los principales referentes de Juntos por el Cambio -empezando por su gran amigo Mauricio Macri-, evidencia que el pedido de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de pedir asilo como refugiado político en Uruguay, no cayó nada bien en esa alianza opositora porque, evidentemente los incomoda y avergüenza, ante la carencia de argumentos mínimamente sólidos como para justificar los pasos del principal operador judicial del anterior gobierno.
Por ahora, el único representante de ese espacio que levantó su voz para cuestionar a quien fue el armador de la nefasta mesa judicial M, fue Miguel Ángel Pichetto, quien en las últimas horas sostuvo que “avalar lo de Pepín es un desatino”, porque “si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer”, argumentó el ex candidato a vicepresidente.
Es que, puertas adentro, en JxC salieron a criticar la jugada de Rodríguez Simón, porque entienden que puede ser perjudicial para las estrategias de defensa de los ex funcionarios del macrismo. De todas maneras, interpretan que era una determinación personalísima, más ligada a “la personalidad” del ex operador de Macri que a la gravedad de las acusaciones en su contra.
Rodríguez Simón fue citado a prestar declaración indagatoria el 17 de junio por la jueza María Servini en una causa en la que se investigan presiones a los dueños del Grupo Indalo (C5N y Radio 10), Cristóbal López y Fabián De Sousa, para que apoyen al Gobierno de Cambiemos si no querían perder sus empresas.
El legislador ante el Parlasur y ex director de YPF debe responder sobre las presiones que, según la denuncia, habría ejercido la llamada “mesa judicial” del macrismo sobre los empresarios. Según los denunciantes, existieron reuniones y llamadas en las que López y De Sousa fueron presionados para vender sus empresas.
Sin embargo, el ahora prófugo se considera un perseguido por la Justicia en el marco de la causa en la que se lo investiga por extorsión y asociación ilícita.
Antes de comunicar públicamente su decisión final de refugiarse en Uruguay, Pepín Rodríguez Simón le hizo saber lo que iba a hacer a Mauricio Macri, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y a Elisa Carrió.
Cerca de Macri aseguran que el ex presidente le dijo a Rodríguez Simón que se trataba de una decisión personal, pero que no la compartía, y que lo recomendable sería presentarse ante la Justicia cada vez que fuera convocado por más que entendiera que se tratara de una persecución.
Por su parte, Larreta también convalidó su presentación como refugiado en una de las tantas charlas que tuvieron en los últimos meses. Rodríguez Simón tiene con el alcalde porteño una gran afinidad: tanto que se convirtió, con el tiempo, en un asesor informal sin cargo.
En el caso de la Coalición Cívica, Pepín se preocupó por informar a Lilita Carrió de su decisión. El interlocutor mediante el cual le hizo llegar el mensaje fue el líder del bloque de la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López. Lo llamó horas antes de hacer pública su decisión para que la comunicara a Carrió y al resto de los integrantes de la fuerza.
Los asesores jurídicos de Juntos por el Cambio analizaron el escenario del siguiente modo: entienden que a partir del 17 de junio, cuando Rodríguez Simón debe presentarse a declaración indagatoria y no lo haga, la jueza Servini lo declarará en rebeldía y pedirá su captura internacional con fines de extradición. Apenas esto suceda, sus abogados serán desconectados del sistema online de seguimiento de la causa, por cuanto su cliente quedará en rebeldía.
En tanto, desde el gobierno del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, dejaron trascender de que el pedido de Rodríguez Simón tiene “pocas chances” de lograr una respuesta afirmativa.
La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, por lo que ninguna de esas alternativas incluiría al socio político de Macri.
Además, desde el punto de vista político el pedido no llegó en buen momento, teniendo en cuenta que la administración de Lacalle Pou quiere lograr la mejor relación posible con el gobierno de Alberto Fernández.
La ley vigente en Uruguay desde diciembre de 2006 dice que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”.
La norma aclara que será “reconocido como refugiado” el que por “fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores-, no quiera regresar a él”.
Los otros que encajan en esta condición son los que han “huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”.
Un detalle no menor: Rodríguez Simón tiene “residencia” en Uruguay y eso puede ser -según entendidos en la materia- un obstáculo para recibir la condición de refugiado, porque si la ley establece que una solución para estos casos es la de otorgar residencia, es porque se entiende que la calidad de refugiado es para no residentes.