La jueza federal María Romilda Servini declaró en rebeldía al diputado del Parlasur Fabian “Pepín” Rodríguez Simón (Cambiemos), ordenó su captura nacional e internacional, dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias.
Así lo dispuso la magistrada, en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Mauricio Macri contra el Grupo Indalo, llevadas adelante por el ahora prófugo, quien supo ser el principal operador judicial del ex presidente.
Con ese fin, se resolvió librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.
De esta manera, se complica el panorama para el armador de la funesta mesa judicial del macrismo, quien está prófugo en Uruguay, donde busca acceder al status de “refugiado político”, un estado al que no estaría en condiciones de acceder.
El también ex director de YPF durante la gestión de Macri llevó a cabo esta jugada para no presentarse a la declaración indagatoria prevista para el próximo 17 de junio en la causa en la que se investigan las presiones a los dueños del Grupo Indalo (C5N y Radio 10).
La jueza Servini cursó oficio al Ministerio de Seguridad y a la oficina de Interpol con el último domicilio que “Pepín” Rodríguez Simón declaró en Montevideo.
Mientras Rodríguez Simón intenta presentarse como víctima de una persecución por parte del Gobierno de Alberto Fernández, y dijo que temía ser detenido, la magistrada que ahora ordenó su captura señaló que “su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política'”.
Asimismo, la jueza en su resolución expresa que “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021”, y que “los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines”.
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Toccata y fuga.para Pepín.