Con la firma del ex ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y la ex jueza Lucila Larrandalt, un grupo de juristas pidió hoy formalmente el juicio político para cuatro de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por presunto “mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos”.
La presentación incluye además una potencial denuncia penal porque, según entienden, el fallo que avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y, de esa manera, incrementó los contagios y las muertes por coronavirus, configura al mismo tiempo una serie de delitos penales.
Así fue planteado esta mañana cuando el pedido que ingresó a la Cámara de Diputados, apuntó a los ministros del máximol tribunal, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. No así a Elena Highton de Nolasco, quien no votó en la reciente presentación del Gobierno de la Ciudad contra el Estado Nacional por la presencialidad de las clases.
Según el documento, a los cuatro jueces bien podría imputárseles graves delitos como “homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato”.
En tal sentido, les reprochan que desconocieron la facultad del Poder Ejecutivo para disponer de la política sanitaria, aun cuando esa política no hubiese sido la más acertada.
Para los impulsores del juicio político, la Corte se extralimitó en sus facultades: “Dado que se trata de una medida que no se ha probado en los autos que fuese descartada por los técnicos como inconducente, los jueces no pueden interferir en el ejercicio de las funciones que son de competencia del Ejecutivo Nacional y, menos aún, tomar a su cargo la función que corresponde al otro poder”.
Al respecto, sostienen que los jueces del máximo tribunal “han ejercido el poder de policía sanitaria interprovincial propio del Poder Ejecutivo Nacional, en claro abuso de su poder constitucional, contrariando las disposiciones de la propia Constitución Nacional que delimitan republicanamente la separación de los poderes de su gobierno”.
El documento, de ocho páginas, cuestiona a la Corte por las consecuencias de su decisión:
“Es muy probable que los jueces no se hayan representado la alta probabilidad del resultado, pero les era exigible que lo hubiesen hecho, porque se trata de una no representación que obedece exclusivamente a la omisión de producir y ponderar prueba que le hubiese permitido conformar y ponderar el estándar epidemiológico, a partir de los indicios de peligro que revela todo aumento de circulación”.
Agrega que “la Corte Suprema no requirió el parecer de ningún perito en la materia, cuando el país cuenta con profesionales e investigadores distinguidos e incluso podía haberlo solicitado de autoridades internacionales o de la propia OMS o de la Oficina Panamericana de la Salud y de su propio Cuerpo Médico Forense, de antigua y probada capacidad técnica”.
“Cualquier funcionario público –indica el escrito- que tomase una decisión en la emergencia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese disponibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una imprudencia gravísima”.
“El deterioro en la imagen de la Justicia ha venido siendo causado precisamente por obra de la misma y es hora que se modifique la situación para poder alcanzar un verdadero Estado Democrático de Derecho”, evaluaron los juristas.
Por último, se expresa: “Solicitamos la intervención de la Comisión de Juicio Político y se haga lugar al juicio político de los mencionados jueces, produciendo la acusación ante el Senado de la Nación, como asimismo se dé intervención a la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos que señalábamos al comienzo”.
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Los jueces deberian serlo por el voto popular