El destino de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón pende de un hilo. O, mejor dicho, del criterio de dos funcionarios del Poder Judicial de Uruguay: la jueza de Crimen Organizado, Adriana Chasmarian (quien resolvería en los próximos días su solicitud de refugio), y el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, quien ya analiza el pedido de captura y extradición enviado desde Buenos Aires por la jueza federal María Servini, en el marco de la causa por los “aprietes” a los dueños del Grupo Indalo (C5N y Radio 10).
Así lo revela el periodista Ricardo Ragendorfer en la agencia de noticias Télam, donde destaca que el principal operador judicial de Mauricio Macri mitiga sus horas muertas en una suite del hotel Hyatt Centric, emplazado sobre la Rambla del barrio montevideano de Pocitos, frente a la playa, a razón de 590 dólares por noche.
Mientras tanto, el gobierno de Uruguay informó que no interferirá ni dilatará de ningún modo el trámite de extradición de Fabián Rodríguez Simón. El ministro de Educación uruguayo, Pablo da Silveira, que también tiene a su cargo la Secretaría de Justicia, llamó al embajador argentino Alberto Iribarne para comunicarle que el gobierno de Luis Lacalle Pou “se declara prescindente”, y que por lo tanto no hará nada para demorar los pedidos de la Justicia argentina.
La jueza María Servini investiga a Rodríguez Simón en el marco de una denuncia que radicó el empresario Fabián De Sousa contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Cambiemos y meterlos presos. Después de una serie de entrecruzamientos de llamadas, la jueza Servini ordenó la indagatoria del abogado macrista que inicialmente estaba prevista para fines de mayo.
Pero el lunes 17 de mayo, mientras se incorporó a la causa otra serie de datos de llamados telefónicos con otros imputados, Rodríguez Simón hizo pública su decisión de no volver a la Argentina y oficializar su pedido de refugiado político en Uruguay.
Dos días más tarde, la jueza Servini ordenó su captura nacional e internacional a los fines de cumplir con su declaración indagatoria. Y reclamó a Uruguay que no lo deje salir del país mientras se tramita este proceso de pedido de extradición.
En sus fundamentos, la magistrada aseguró que “los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.
Con la solicitud enviada desde Argentina a través de la Cancillería, que fue catalogada como “arresto preventivo con miras de extradición”, la justicia uruguaya abrió una causa llamada “Rodriguez Simón, Fabián. Extradición”, que está radicada en el Juzgado Letrado en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, cuya titular es la Dra. Adriana Chamsarián.
La jueza deberá analizar el planteo de la jueza Servini y verificar si los pedidos cumplen con todos los trámites formales, así como si los delitos que se investigan alcanzan a una extradición. Además, el paso siguiente de la magistrada será convocar a una audiencia a Rodríguez Simón a los fines de informarle del pedido de la justicia argentina, y consultarle si quiere allanarse a regresar a la Argentina, algo que en el contexto actual está descartado.
Se descarta que allí “Pepin” insistirá en plantear su pedido de refugio político. Es la Comisión de Refugiados (CORE), el organismo estatal uruguayo encargado de determinar la condición o no de refugiado. Es un organismo de siete miembros, presidido por la Cancillería, que tiene un plazo de 90 días para expedirse, plazo en el cual el ex funcionario no puede ser extraditado.