El ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, fue citado a declaración indagatoria en el marco de tres causas en las que la Justicia investiga posibles casos de corrupción durante su gobierno, entre 2015 y 2019. También fueron llamados a declarar otros 21 ex funcionarios de la gestión de Juntos por el Cambio.
El ex mandatario debía presentarse ayer ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pero pidió una prórroga por lo cual su presentación en la Justicia se demorará algunos días más.
La Justicia busca determinar si hubo irregularidades en tres convenios firmados por el ministerio del Interior, que estaba a cargo de Rogelio Frigerio, y la Municipalidad durante el mandato de Ducoté. Pilar recibía dinero para obras y eese ministerio debía supervisar la ejecución de los proyectos.
Se trata de tres causas. La primera es sobre microcréditos e investiga el supuesto desvío de fondos nacionales destinados a créditos blandos de hasta $24 mil para que familias de bajos recursos puedan refaccionar sus hogares y acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad. Se estima que se entregaron al menos 8.000 créditos. Con decenas de testigos, la justicia investiga por qué no llegaron a sus destinatarios.
En la segunda causa se acusa a Ducoté de “malversación de caudales públicos” por la falta de instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante un convenio con Nación por $15 millones. A fines de mayo de 2019 se allanó la municipalidad. Fue la primera acción judicial de decenas que se dispararon desde entonces, relacionadas con varias causas.
El convenio contemplaba la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en ese barrio. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A., cuyo titular Sergio Russo también va a ser indagado en estos días. Sin embargo, la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio no fue construida pero sí certificada y cobrada por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93. Respecto de ese convenio el fiscal Rodríguez aseguró: “que el Estado Nacional pagó por obras que no se hicieron” e “incluyeron sobreprecios”.
El tercer expediente es por irregularidades en la ejecución de obras financiadas por Nación (igual que en Peruzzotti), pero en este caso por $145 millones. El proyecto tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio Monterrey de Derqui. Se propuso renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas. La obra sería financiada con fondos nacionales: se destinarían $145.733.567. Algunas de las obras comprometidas no se terminaron en tiempo y forma y hubo incumplimientos en la metodología de rendición de cuentas prevista.
Además de Ducoté, fueron citados a indagatoria el ex secretario de Vivienda Iván Kerr, la ex secretaria de Infraestructura Urbana nacional Mariana Klemensiewicz, Cecilia Cabrera, Fabián Arias, María Natalia Toso, Federico Bustello, Ignacio Azarola, Osvaldo Caccaviello, Guillermo Iglesias, Tomás Bibiloni, Agustín Baldo, Gustavo Queralt, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Sandra Sosa, Gabriel Adrián Lucero, Fernando Bonafede, Marcelo Sfeir, Sergio Miguel Russo y Norberto Giulianelli.