El Tribunal que prepara el juicio por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorandum con Irán, rechazó apartarse del caso ante una recusación de la querella, y al mismo tiempo ratificó la convocatoria a una audiencia pedida por la defensa de Cristina Kirchner que, en definitiva, es el punto neurálgico que dio origen al pedido, teniendo en cuenta el pánico que genera la vicepresidenta a la hora de brindar con solidez los argumentos para anular la causa, tal como tiempo atrás lo hizo sobre la investigación sobre dólar futuro.
Así fue resuelto por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, quienes se negaron a apartarse de la causa como habían pedido los familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, quienes actúan como querellantes.
Además de Czyzewski y Averbuch, la querella de la DAIA también se sumó al pedido de recusación, apoyado en el rechazo a que el tribunal haya habilitado la audiencia en la que CFK pidió la nulidad del caso.
Uno de los argumentos de la defensa de la vicepresidenta giró en torno de la posible parcialidad de los jueces de Casación que reabrieron la investigación presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, después de que hubiera sido inicialmente desestimada.
Los magistrados que reabrieron el caso fueron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes aparecen en los registros de visitas al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada horas antes de resolver esa reapertura.
Lo que también planteó la defensa de Cristina fue un cuestionamiento por no haberse citado en la causa a Ronald Noble, el ex titular de Interpol, teniendo en cuenta que en declaraciones públicas desmintió las versiones acerca de un pedido de hacer caer las alertas rojas de ese organismo contra ex funcionarios iraníes acusados por el atentado de 1994.
Asimismo, el tribunal desestimó también otro pedido de la querella para “no continuar con la actividad probatoria ya dispuesta”, y ratificó la convocatoria a una audiencia a pedido de la defensa de la vicepresidenta para analizar esos planteos.
El TOF 8 tampoco hizo lugar a un planteo para suspender la ejecución de otras medidas ordenadas en el marco de la llamada instrucción suplementaria en la causa abierta a raíz de la denuncia de Nisman, tras la firma del Memorandum de entendimiento con Irán por el ataque del 18 de julio de 1994 a la sede de la AMIA, en el barrio porteño de Once.
“Respecto a la solicitud de no continuar con la actividad probatoria ya dispuesta no ha lugar sin perjuicio de la validez de los actos cumplimentados y a cumplimentarse, por lo cual continúese con el trámite de la presente causa”, resolvieron los magistrados
En otra resolución y cada uno con su argumento, los tres jueces rechazaron apartarse del caso, por lo cual remitieron el planteo a la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras tanto, a la espera de que sus pares decidan si deben ser apartados o no, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, uno de los acusados en este proceso, se presentó en el expediente para acusar a la querella de ser los responsables del freno de la causa.
“Queda en evidencia que quienes impiden que el proceso avance son justamente los querellantes, que desarrollan una especie del catalogado por la ciencia como síndrome ‘adámico’, característico de echarle la culpa a los demás, de situaciones que justamente ellos mismos provocan”, sostuvo en un escrito que presentó esta mañana el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Zannini, en donde reclamó que se rechace in limine la recusación que pidió la querella por sus “temerarios planteos” a través de “una descalificable aventura procesal”.
Para Zannini, “lo que motiva sus presentaciones es que los jueces han decidido, por primera vez en los seis años de proceso, que lo actuado tenga publicidad, y no se limite a las oscuras páginas de un expediente”. Eso, dijo, “aterra a las acusaciones privadas, que son completamente conscientes de que esta causa nunca debió existir y que ello puede ser percibido por cualquier persona; el hecho de que salga a la luz significaría revelar la arbitraria, enceguecida e incalificable persecución de un sector ideológicamente contaminado de la jurisdicción y de las querellas a personas totalmente inocentes que, hace mucho tiempo, están sometidas a un injusto proceso”.