En un demoledor dictamen, la fiscal de juicio Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados en la causa del Plan Qunita por inexistencia de delito, ya que concluyó, en una pormenorizada argumentación que desarrolló a lo largo de 70 páginas, que no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública ni el de abuso de autoridad (en el caso de los ex funcionarios investigados).
De esta manera, la funcionaria judicial aniquiló la denuncia original de la diputada Graciela Ocaña, determinando que no hubo perjuicio para el Estado, tal cual lo establecieron dos pericias, al tiempo que detalló que no se direccionó la licitación y que el kit cumplía con el objetivo de lograr “un comienzo de vida equitativo”, al punto que la propia fiscal fue la que activó la distribución de kits a madres de recién nacidos.
Entre los imputados aparecen Aníbal Fernández, el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, su viceministro, Nicolás Kreplak, y un total de 18 personas, entre ex funcionarios y empresarios.
Ahora el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 debe decidir si sobresee a todos, tal como ahora lo pide la fiscal, o hace un juicio cuyo resultado, según las pericias, está cantado, tal como recientemente ocurrió en el caso dólar-futuro, cuando la Cámara de Casación sobreseyó a todos los acusados.
Qunita fue un kit diseñado por el joven Tiago Ares, en base a un modelo de los países escandinavos. Ares murió poco tiempo después. El objetivo era reducir la principal causa de mortalidad en recién nacidos, el colecho, que consiste en que el bebé -sobre todo en hogares humildes- duerme con los padres y se termina ahogando. Por eso mismo, la parte neurálgica del kit era un moisés sencillo de armar para que el bebé duerma ahí. Además, el conjunto incluía ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos.
El expediente de la causa del Plan Qunita fue instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien había procesado a los imputados con una maniobra burda. Ocaña presentó un kit armado por ella y en base a ese kit sostuvo que existían sobreprecios. La pericia demolió no sólo su presentación sino a la propia legisladora.
En su dictamen, Baigún sostiene que “los profesionales (que hicieron la pericia) indicaron que los elementos entregados por la nombrada (Ocaña) no resultan equivalentes en características, materiales, diseño y calidad a lo especificado en el pliego licitatorio”.
En aquel momento la legisladora presentó una cuna, cuando lo que se requería era un moisés, y no incluía -según resalta la fiscal y establecieron los peritos- bolsas de nylon, cajas, logística, bolsillos claves, gorro, saco de dormir, babero, escarpines, transportes, pallets de acopio, almacenamiento, armado de los kits, planchado y empaquetado.
Hay que recordar que el juez Bonadio había ordenado destruir los elementos de los kits que supuestamente pudieran resultar peligrosos para la salud de los recién nacidos, decisión que felizmente no llegó a concretarse.
“La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito”, señaló la fiscal en el dictamen.
Baigún analizó cada uno de los precios utilizados para la instrucción del caso, y luego aseveró que el análisis de los informes elaborados en el marco del peritaje contable terminó de convencerla “sobre la inexistencia de sobreprecios en la licitación investigada”.
La fiscal se diferenció de su colega que intervino en la instrucción de la causa, Eduardo Taiano, y señaló que no era posible afirmar que las empresas que resultaron ganadoras de las licitaciones se hubieran hecho de ganancias extraordinarias, información que quedó especificada en el peritaje.