Después de una lamentable como inexplicable demora que se prolongó por seis años, la Corte Suprema de Justicia hoy finalmente decidió reactivar la investigación por delitos de lesa humanidad contra el empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño de la agroindustrial Ledesma y emblema de los casos de responsabilidad empresarial en crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Con la decisión de tres de sus miembros y la disidencia de su titular, el ultramacrista Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación que en 2015 lo había beneficiado insólitamente con la falta de mérito. En este sentido, la Corte acusó a ese tribunal penal de haber obstaculizado indebidamente el proceso, por lo que le reclamaron que dicte un nuevo pronunciamiento de manera urgente, que debería encaminar a Blaquier hacia el juicio oral.
La resolución lleva las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes de esa manera habilitan que el empresario, de 93 años, deba declarar por 29 casos de privaciones ilegales de la libertad, ocurridas entre marzo y julio de 1976 en la provincia de Jujuy. Denuncian que el ingenio Ledesma aportó las listas y la logística para que los secuestros pudieran producirse. Ricardo Lorenzetti, por su parte, no firmó el fallo.
Sin embargo, en marzo de 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación le dictó una falta de mérito a Blaquier. Su causa llegó a la Corte Suprema que, después de seis años, recién en las últimas horas dictó esta resolución.
“Las reglas vulneradas en el caso, relacionadas con la habilitación de la competencia de la Cámara Federal de Casación, no consisten en meras sugerencias del legislador, sino en mandatos expresos que no deben ser relativizados ni dejados de lado toda vez que, en definitiva, procuran asegurar principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia”, escribieron Rosatti, Maqueda y Highton.
Por eso, la Corte le reclamó a la Casación que dicte de inmediato un nuevo pronunciamiento, que se entiende que debería convalidar que Blaquier vaya a juicio oral. “Lo contrario implicaría posponer el análisis de un agravio –con incierta perspectiva, y en un expediente cuya celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años, y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales”, resaltaron.
Como no podría ser de otra manera, el presidente de la Corte, Rosenkrantz, validó lo que había resuelto Casación: “No se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional y la decisión apelada no genera, en modo alguno, una ruptura del compromiso con el juzgamiento de esta clase de delitos”, escribió.
Blaquier se hizo cargo del directorio del ingenio Ledesma a principios de la década de 1970. Había entrado a la empresa casi 20 años antes, después de casarse con María Elena “Nelly” Arrieta, hija única y única heredera de Herminio Arrieta, el dueño de Ledesma. Durante esos años, la gerencia de Relaciones Humanas estaba a cargo del brigadier retirado Teodoro Álvarez, que había tenido un rol protagónico durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina encabezada por el dictador Juan Carlos Onganía.
Esta decisión de la Corte se conoce un mes después de que la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla Corti, le reclamara al máximo tribunal que resolviera a la brevedad la situación del empresario. Hace dos semanas, los organismos de derechos humanos llevaron el planteo por la falta de respuestas en esta causa y en otros expedientes de lesa humanidad a la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.
Blaquier está procesado en dos causas, junto con Alberto Lemos, quien, al momento del golpe, oficiaba de administrador general de Ledesma.Por un lado, el juez Poviña lo procesó por dos secuestros que se realizaron el mismo día del golpe del 24 de marzo de 1976 –entre los que se cuenta el del exintendente Luis Arédez– y uno que se concretó en los primeros días de abril de ese año.
El otro procesamiento incluye 26 casos de personas secuestradas en lo que se conoce como las noches del “apagón”. Esas personas fueron detenidas ilegalmente entre el 20 y el 27 de julio de 1976 y en todos los casos pasaron por el centro clandestino de detención de Guerrero, montado en esos días en las instalaciones de una de las hosterías provinciales.