El ministro de Defensa, Agustín Rossi, al referirse al presunto contrabando de armas con destino a Bolivia para colaborar en el golpe contra Evo Morales, consideró que “ningún funcionario inferior toma este tipo de decisión”, por lo que apuntó como responsable al propio Mauricio Macri. “Era un gobierno que se estaba yendo, no tengo pruebas, pero si certezas, que no se pudo concretar sin el conocimiento del jefe de Estado”, dijo el funcionario.
En declaraciones a distintas radios, sostuvo que “por la tipificación del delito, lo que nosotros presuponemos es que estamos en presencia de contrabando agravado y de encubrimiento”, al tiempo que precisó que las municiones encontradas en Bolivia “salieron de Fabricaciones Militares”.
“A mí me parece que alguien le pidió al Gobierno argentino, sabiendo su posición ideológica favorable al golpe, armamento para la represión”, aseguró Rossi, para quien está claro que “hubo una operación interna y actores internacionales que se conjugaron detrás del objetivo de interrumpir el gobierno de Evo Morales”.
En tanto, señaló que le sorprende el “contexto” en el cual el gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión de enviar material represivo “en forma de contrabando agravado” a Bolivia, cuando se consolidaba en la nación andina el golpe contra Evo Morales y la Argentina se encontraba “en plena transición política” tras la victoria del Frente de Todos (FdT) en las elecciones presidenciales de 2019.
Al respecto, insistió en que “esta decisión de mandar material en forma de contrabando agravado se tomó en el más alto nivel del Estado y se produce entre el 11 y 13 de noviembre”, y que “todos sabemos que en esos momentos de transición no se toman decisiones de tanto volumen. Debe haberse hecho en función de algunos compromisos o alguna presión de esa coalición internacional que se generó para derrocar a Morales”.
El lunes pasado, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que durante el proceso que terminó con el golpe de Estado contra Evo, ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros, lo que constituye “tráfico ilícito de municiones”.
El funcionario exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la Policía, que corresponderían al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri, al tiempo que confirmó que se trata de un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.
Por otra parte, la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de víctimas del Submarino Ara San Juan pidió, a título personal, investigar el rol de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada por Gustavo Arribas en la causa en la que se investiga el contrabando de armas a Bolivia, y denunció una “mesa de seguridad nacional macrista” que también integraban ex ministros del entonces presidente Mauricio Macri.
En ese organismo podría haber evidencias sobre la voluntad de colaboración del gobierno de Macri con el golpe de estado en Bolivia, por lo que la interventora, Cristina Caamaño, abrió también una investigación preliminar interna sobre los reportes que enviaban desde allí dos delegados que el organismo tenía en las ciudades de La Paz y de Santa Cruz de la Sierra.