El prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, principal operador judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, recibió un duro revés en Uruguay: la Comisión de Refugiados (CORE) del vecino país rechazó su condición de refugiado y, en consecuencia, no podrá pedir asilo.
Ahora, el próximo paso es que ese organismo le remita su dictamen a la justicia uruguaya para que ésta resuelva sobre el pedido de extradición de la jueza María Servini, para que “Pepín” regrese a la Argentina y ser detenido en una causa iniciada por Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López, contra Macri, Rodríguez Simón y otros en la que están acusados de formar una “asociación ilícita” para apoderarse de los medios del empresario (C5N y Radio 10) y enviarlo a prisión.
Sin embargo, el operador judicial está en condiciones de apelar la resolución, y la causa puede llegar incluso hasta la Corte uruguaya. Recién cuando la definición de la CORE esté firme, la jueza Adriana Chamsarián, quien suspendiera la extradición, podrá retomar el proceso.
Según explicaron fuentes judiciales uruguayas, en casos como este la justicia suele seguir las recomendaciones del CORE, por lo que el futuro inmediato de “Pepín” estaría complicado. Pero al operador macrista todavía le queda la vía de apelación, y eso podría retrasar su regreso forzado a la Argentina.
Desde el entorno de Simón, insistieron en que esta definición del CORE no es vinculante y que “el reconocimiento de la condición de refugiado depende de un proceso judicial que todavía no empezó, aunque es inminente”. Y completaron: “El proceso judicial implica que sigue como solicitante de refugio hasta que se le otorgue la condición o hasta que haya sentencia firme denegatoria”.
En el pedido de extradición, Servini fue contundente sobre las responsabilidades de Rodríguez Simón en los delitos que se le imputan: “Los hechos que aquí se investigaban eran de grave trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del Gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación, en desmedro de un grupo empresario y los titulares de esas empresas”.
Subrayó que “en ese marco, se habría logrado establecer que Fabián Jorge Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Ing. Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”.
Hay que recordar que la jueza había citado a indagatoria al ex funcionario para indagarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio, y allí fue cuando el operador judicial decidió no presentarse y radicarse en Uruguay. Luego, en mayo, Servini ordenó la captura de Rodríguez Simón. En la misma resolución pidió un congelamiento de sus cuentas bancarias y una inhibición de sus bienes.