La Cámara Federal de Mar del Plata hizo naufragar el intento del falso abogado Marcelo D’Alessio, de voltear la causa de Dolores en la que el juez Alejo Ramos Padilla reconstruyó cómo operó una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
Al objetivo de D’Alessio, informa hoy Página/12, se plegaron tanto el fiscal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, y otros imputados célebres en el expediente como el procesado fiscal federal Carlos Stornelli, y su colega provincial Juan Ignacio Bidone.
El 21 de marzo pasado, poco menos de un mes después de que Ramos Padilla dejara su despacho en Dolores para mudarse al juzgado federal 1 de La Plata, la defensa del espía ilegal sorprendió con un planteo: buscaba anular la apertura del teléfono de D’Alessio, que se había hecho más de dos años atrás. Tanto el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, como el juez que subroga en esa jurisdicción, Martín Bava, desestimaron el planteo, pero la defensa insistió y llevó el tema a la Cámara Federal de Mar del Plata.
En esa ciudad, D’Alessio se encontró con el inestimable respaldo del fiscal que actúa ante la Cámara, Pettigiani, en una situación pocas veces vista -que un fiscal busque derribar una causa-. Pettigiani dijo que Ramos Padilla había afectado el derecho de defensa y el debido proceso al lograr una “declaración contra la voluntad del imputado”.
El argumento buscaba que se invalidara todo lo que se había hecho el 21 de febrero de 2019 y que sirvió para todos los procesamientos en la causa. Ese día, Ramos Padilla ordenó trasladar al falso abogado a una sede de la Prefectura donde se iba a abrir su Iphone. La medida había sido notificada a la defensa, que incluso designó un perito de parte.
La Cámara marplatense, con la firma de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, dejó en claro que en ese momento no hubo ni declaración ni se forzó la voluntad del imputado. D’Alessio proveyó sus claves voluntariamente, según surge del acta que firmó él mismo ante una docena de empleados judiciales y de la fiscalía que participaban del procedimiento.
Para Tazza y Jiménez, eso fue “demostrativo de un ejercicio de libre albedrío, sin que exista sospecha o presunción de haber sido sometido a alguna forma de presión”. Los camaristas también explicaron que Ramos Padilla obró siempre a derecho y que, en cambio, la defensa de D’Alessio no actuó de buena fe.
Una de las curiosidades del planteo de D’Alessio, más allá de que se formuló cuando Ramos Padilla ya no estaba en el juzgado y 25 meses después de la extracción, es que sirvió para que otros imputados del caso se sumaran al intento de voltear la causa. Entre ellos, el fiscal Stornelli, su colega bonaerense Bidone y el periodista de Clarín, Daniel Santoro -procesado tanto por Ramos Padilla como por Bava-.
En tanto, en una resolución de octubre pasado, el propio Ramos Padilla explicó que los principales elementos de prueba de la causa – que contempla más de medio centenar de operaciones de inteligencia ilegal e involucra a más de 80 personas – surgieron de los dispositivos que le secuestraron a D’Alessio en el allanamiento que se hizo en febrero de 2019 en el country Saint Thomas, de Canning, donde vivía. “D’Alessio terminó funcionando como eje probatorio principal de toda la investigación”, escribió entonces el magistrado.
Mientras sigue detenido en el penal de Ezeiza, D’Alessio espera para el lunes 23 su primera sentencia. No será en la causa de Dolores, que aún espera para ser elevada a juicio, sino en una que tramitó en el juzgado de Luis Rodríguez en los tribunales de Comodoro Py por la extorsión al empresario Gabriel Traficante. En ese juicio, su defensa también buscó invalidar la prueba que surgió en Dolores del teléfono del falso abogado, ya que de ahí surgía información sobre sus contactos y sus vínculos.