Tal como lo vienen haciendo sistemáticamente con el supuesto éxodo masivo de jóvenes que huyen de la dictadura K hacia algún país serio, o las compañías multinacionales que se ven obligadas a abandonar el suelo argentino porque el gobierno chavista filocomunista de Alberto Fernández las puede expropiar en cualquier momento, en las últimas horas, los medios hegemónicos -con el plus de una oposición enceguecida-, ya encontraron otro motivo para disparar con munición gruesa: la empresa alimenticia Molino Cañuelas se presentó en concurso preventivo de acreedores.
La situación obedece a que no llegó a un acuerdo con un grupo de bancos privados por una deuda que mantiene por alrededor de 1.400 millones de dólares.
Más allá de que se pretenda mostrar a esta decisión como producto del actual gobierno, a través de un comunicado la empresa atribuyó su crisis a las “turbulencias” de 2019, la devaluación registrada durante la gestión de Mauricio Macri. y “la crisis mundial por el Covid”.
La compañía detalló que “con esta medida busca proteger sus activos, los puestos de trabajo directos e indirectos de la empresa y los intereses de los propios acreedores, manteniendo su estructura productiva y asegurando su continuidad operativa en todas sus plantas y establecimientos industriales y comerciales”.
Molino Cañuelas tiene 18 plantas industriales, 15 de las cuales están distribuidas en seis provincias argentinas. Su impacto en el mercado es tal, que exporta sus productos a más de 50 países que, a la vez, utiliza a varios como materia prima para otras elaboraciones.
La compañía, un de las más grandes del sector alimenticio en la Argentina, y dueña de las marcas 9 de Oro, Pureza, Cañuelas y Mamá Cocina, entre otras, mantiene desde hace poco más de dos años los números en rojo con alrededor de 40 entidades, entre bancos, organismos multilaterales e instituciones financieras con los que en los últimos meses inició una ronda de negociaciones para restructurar su deuda.
El hecho es que varios de los acreedores iniciaron acciones legales, y “pese a los esfuerzos realizados en estos últimos años de negociaciones, y no obstante al consenso alcanzado con una relevante cantidad” de acreedores, la empresa conjuntamente con la firma Compañía Argentina de Granos SA (CAGSA) solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
A raíz de la acumulación de dificultades, se fue postergando el pago de ciertos compromisos, y se inició un proceso privado de reperfilamiento del total de su deuda financiera para lo cual se conformó un Comité de Acreedores.
Tras indicar que en marzo de 2019 “había alcanzado un principio de acuerdo” con un sector de los acreedores, sin embargo, en el comunicado se destaca que aún así, “la nueva turbulencia financiera registrada en el país en agosto de 2019, y la abrupta devaluación de la moneda local, sumado a la crisis mundial por el Covid-19 en 2020 y las dificultades propias que esto generó en la Argentina, provocaron un nuevo e inevitable cambio de escenario para todos los participantes de la reestructuración”.
Es más, esa situación incluso hizo que algunos bancos decidieran suspender su participación en dicho Comité, alejando la posibilidad de obtener un acuerdo definitivo”.