Un sumario interno de Gendarmería, puede llegar a generar un nuevo impacto en la causa judicial en que se investiga un contrabando agravado -que se sustancia en el fuero Penal Económico- de material bélico a Bolivia, en apoyo al golpe de Estado contra Evo Morales, y que tiene como imputados al ex presidente Mauricio Macri y a su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que esa fuerza estaba bajo su órbita.
Además, se investiga al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, al ex canciller, Jorge Faurie, al ex Secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al ex embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, así como también a integrantes de la Gendarmería.
Justamente, el panorama se complicó todavía más para Macri y compañía a partir de un sumario interno en el que los gendarmes del Grupo Alacrán que viajaron a Bolivia el 12 de noviembre de 2019 para proteger la embajada argentina y la residencia del embajador declararon que no realizaron entrenamientos ni dispararon un solo tiro de las balas antitumulto 12/70, lo que contradice la versión oficial que se dejó asentada en un acto administrativo cuando regresaron a la Argentina.
Con la excusa del entrenamiento se intentó “legalizar” la “desaparición” de los 70.000 cartuchos 12/70 AT. La partida de esas balas había sido tramitada ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Las municiones nunca fueron declaradas en el manifiesto de vuelo del Hércules C-130 ni al ingresar a Bolivia, y terminaron en poder de la Fuerza Aérea y la Policía Boliviana.
Según recuerda “El Destape”, las municiones que terminaron en manos de los golpistas que derrocaron a Evo Morales se trasladaron en el mismo Hércules C-130 en que viajaron los “alacranes” por eso su testimonio es clave.
Una de las declaraciones clave fue la del oficial a cargo del grupo de elite, Martín Hidalgo, quien dijo que no solicitó las 70.000 balas ni las más de 500 granadas que envió el gobierno de Macri a los golpistas, ni sabía que viajaban con ellos.
Hidalgo fue el oficial que estuvo a cargo de las “Fuerzas Especiales Alacrán” que viajaron a Bolivia. Todas las actividades eran ordenadas por él. En su declaración dijo que él no solicitó el armamento: el “único equipamiento que solicité a mi Jefe de Agrupación y que fuera informado a la Dirección General de Apoyo” fue -afirmó- el que hizo mediante nota el 11 de noviembre de 2019. Aquel día se tramitó para sacar del país el equipamiento “oficial” de los “alacranes”.
Al día siguiente, el 12 de noviembre de 2019, tras una reunión en la Casa Rosada, la Gendarmería hizo un pedido de ampliación del armamento para llevar a Bolivia. Allí se incluyeron las 70.000 balas antitumulto que terminaron en mano de los golpistas. Ese mismo 12 de noviembre (el vuelo con los “alacranes” y las armas partió por la noche) asumía en Bolivia la presidenta de facto Jeanine Áñez. Hidalgo dijo desconocer ese trámite.
Quien no lo desconocía es el comandante mayor de la Gendarmería y jefe del escuadrón Alacrán, Fabián Salas, quien está imputado en la causa del contrabando agravado. Tal como publicó El Destape, una nota hallada en el ministerio de Defensa lo complicó.
En su declaración, Hidalgo también aseguró que al llegar a Bolivia “no realizó ningún trámite” y que “no había ninguna autoridad aduanera presente”. Sólo estaba “un miembro de migraciones” quien les tomó los datos personales “de manera informal y expedita”.
El que sí estaba en el aeropuerto cuando arribaron los “alacranes” era el “enlace de la Fuerza ante la Policía Boliviana, Comandante Mayor Adolfo Caliba”. Se trata de uno de los gendarmes a los que se acusó de entregar parte del armamento que se envió de contrabando a la Policía local. De hecho, es otro de los gendarmes imputados en la causa judicial.
Los testimonios de los gendarmes se suman a los de los policías e integrantes de la Fuerza Aérea bolivianos que intervinieron en la maniobra de recepción de las municiones. Esas declaraciones se tomaron en Bolivia –que avanza con su propia investigación, en la que el gobierno de Luis Arce se presentará como querellante- y llegaron a manos del gobierno argentino.
A la luz de los testimonios, queda claro por qué Macri intentó frenar a través de la vía judicial esta investigación interna de la Gendarmería, algo que no logró.