Un nuevo peritaje en la causa que investiga sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) durante los gobiernos de Cristina de Kirchner, puso fin a la operación disfrazada de acusación por parte del fallecido juez federal Claudio Bonadio contra ex funcionarios, y estableció que el valor final abonado por el Estado nacional correspondía al precio de mercado de ese entonces.
La pericia fue recientemente incorporada al expediente que ahora están en manos del magistrado Julián Ercolini, y que remonta al caso por el cual el Bonadío había solicitado la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y detuvo al ex subsecretario de Coordinación y Control, Roberto Baratta. Se trata de la denuncia por la compra de cinco millones de toneladas de gas natural licuado que llegaron al país a través de los puertos de Bahía Blanca y Escobar, y en la que tienen falta de mérito todos los imputados.
Para colmo, se acusó a De Vido y a Baratta de un sobreprecio de 6.800 millones de dólares, una cifra descabellada, desmentida hasta por el propio Juan José Aranguren, ex ministro de Energía con Mauricio Macri.
El nuevo análisis técnico es una “pericia de la pericia” realizada inicialmente, que ahora confirma que los precios a los que se importó el GNL eran los de mercado, sin sobrecostos. De acuerdo al dictamen pericial, “para los períodos 2011 y 2012 el precio facturado se condice con los precios de mercado aplicados en esa época”.
“Para los períodos 2014 y 2015, los servicios de agenciamiento marítimo resultaban bajo condiciones licitatorias, permitiendo considerar a los montos abonados por cada uno de los servicios de agenciamiento marítimo prestados por Marítima Meridian SA -facturados a Enarsa- como precios de mercado”, agregó la pericia.
El informe fue elaborado por profesionales de diferentes disciplinas, entre ellos miembros de Prefectura Naval y siete propuestos por las defensas de los imputados en el caso. En la causa hubo una primera pericia que fue invalidada y su autor, David Cohen, fue enviado a juicio oral procesado por supuesto falso testimonio agravado. A raíz de esto la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para 24 procesados y dispuso un nuevo estudio pericial en la causa.
Esta nueva pericia oficial de 136 páginas ordenada por la Cámara Federal porteña determinó que la prueba principal en la causa GNL -que motivó al juez Bonadio a estrenar la denominada “doctrina Irurzun” el 19 de octubre de 2017- fue técnicamente mal confeccionada, con valores erróneos para los cálculos, referencias documentales inexistentes y presumiblemente plagiadas de sitios de internet.
El máximo responsable de la primera pericia errónea fue David Cohen, el perito al cual Baratta le presentó una contradenuncia por falso testimonio. Los dichos de Cohen fueron respaldados por el testimonio clave de Marcelo Sebastián D’Alessio, el falso abogado detenido por integrar una red de espionaje ilegal que incluyó a fiscales y periodistas macristas, que extorsionaban a empresarios. Pero en la Justicia avanza la comprobación de que se trató de una causa totalmente armada.
Inverosímil desde un comienzo por las cifras astronómicas de supuestos sobreprecios que habrían sido consignadas, fue la pericia que tomó el juez para procesar y disponer las prisiones preventivas bajo la recomendación de la Cámara Federal sobre otro caso, el de los convenios firmados por las obras en la usina de Río Turbio.
La pericia de Cohen se basó en estudios realizados por jóvenes universitarios publicados en la página web El Rincón del Vago. “Así fue como se construyó una imputación falsa”, destalló el periodista del canal de noticias C5N, Ariel Zak.
Cohen llegó a una conclusión (avalada por Bonadio) de que entre 2008 y 2015 se pagaron 6.995,92 millones de dólares de sobreprecios por la importación de 500 buques por parte de Enarsa. Era casi la mitad de lo pagado por la Argentina en ese lapso por el abastecimiento de GNL importado.
Sin embargo, no hubo análisis de las particularidades de cada compra ni se indagó sobre las empresas ni sus directivos, contratistas de primera línea internacional, que habrían recibido los supuestos excedentes. Tampoco se tomaron valores específicos para cada compra ni se utilizaron parámetros válidos para las operaciones en el mercado internacional que guardaban particularidades con respecto al proveedor y los costos asociados, pero también para la Argentina por su riesgo crediticio.
Zak incluyó esta maniobra en el lawfare contra funcionarios kirchneristas por parte de dirigentes del macrismo, en conjunto con funcionarios judiciales (el fiscal era Carlos Stornelli), medios de comunicación, periodistas y operadores. “Era un peritaje completamente trucho, basado en información que no era veraz. Fue una causa totalmente armada”, sentenció el especialista en temas judiciales.