Mauricio Macri sigue tirando de la cuerda, y suma gestos provocadores y desafiantes: a tres días de lo que debería ser su presentación ante la Justicia para declarar como imputado en la causa por el espionaje a familiares del submarino ARA San Juan, el ex presidente aprovecha que todavía no recibió ninguna notificación oficial para seguir paseando por Miami y viajar con destino a Qatar, para cumplir sus funciones como titular de la Fundación FIFA.
“El juez debería por oficio modificar la fecha para después las elecciones. Se nota que está todo armado, máxime que lo citaron primero a indagatoria antes que otros que ya estaban imputados”, lanzaron desde su entorno, para exteriorizar el fastidio que provocó la citación del juez federal de Dolores, Martín Bava, quien además le prohibió salir del país, pese a que el ex mandatario se encontraba en Estados Unidos.
El magistrado lo citó a declaración indagatoria para este jueves a las 11. Macri está imputado por haber ordenado y posibilitado la realización de tareas de inteligencia ilegal sistemáticas sobre quienes buscaban saber qué había pasado con sus seres queridos que conformaban la tripulación del submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017.
Su abogado, Pablo Lanusse, anunció que el ex presidente se presentará ante la Justicia, aunque sostuvo que desconocían la competencia de Bava para investigarlo. “Esto es un atropello y una persecución más en su contra”, señaló, en lo que presagia una embestida del macrismo para librarse del juez que subroga en Dolores.
La estrategia de Macri va a ser múltiple: va a apelar la prohibición de salida del país, va a recusar a Bava, pedirá nulidades y buscará retrasar la declaración indagatoria. “Va a pedir la postergación por su agenda de trabajo y por las elecciones”, anticipan cerca del ex jefe de Estado.
Bava entiende que Macri ordenó las tareas de espionaje que, desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se realizaron sobre los familiares de los 44 tripulantes entre diciembre de 2017 y finales de 2018.
“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, detalló el magistrado.
Para el juez, lo sucedido con el submarino de la Armada Argentina fue el hecho que dominó la agenda política durante 2018 y eso explicaría por qué la AFI estuvo abocada a perseguir a los familiares que llevaban el reclamo. Los seguimientos se hacían, a entender del juez, porque “podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional” que encabezaba Macri.
El magistrado entiende que todo el accionar de la AFI obedeció a un sistema centralizado en cuyo vértice estaba Macri y que los agentes recababan información siguiendo lo que se conoce como el “ciclo de inteligencia”, donde establecen los objetivos que son prioritarios para el Poder Ejecutivo, por eso descarta literalmente el “cuentapropismo”, que es el argumento que invoca ante la Justicia Gustavo Arribas para despegarse del espionaje que se llevó adelante durante el período 2015-2019.
“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri”, resaltó Bava.
Según el juez, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a “los agentes de base”, ni tampoco a los exjefes de la AFI, porque las acciones de espionaje “partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces Presidente”.
En su fallo, escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación (…). El entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
La causa se inició en septiembre del año pasado tras la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que encontró documentación y fotos sobre los seguimientos a los familiares que se centralizaron desde Mar del Plata. Lo hizo mientras relevaba información que le había solicitado el juez Alejo Ramos Padilla mientras investigaba el rol de las distintas bases bonaerenses de la AFI, en lo que se conoció como Proyecto AMBA.