Durante algo más de una hora, Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, se encargó hoy de destruir gran parte de la acusación en el juicio por las obras viales de Santa Cruz, por lo que al mismo tiempo derribó la acusación contra Cristina Kirchner.
El empresario lo hizo al aportar detalles de aspectos técnicos, al declarar ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio que se sigue a la ex presidenta por supuesto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor del también juzgado Lázaro Báez.
Uno de los puntos clave de la imputación es que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones de las rutas santacruceñas y, supuestamente, eso lo logró por la ayuda de CFK. Sin embargo, Calcaterra explicó que las empresas locales tienen fuertes ventajas en las licitaciones porque “tienen la logística ahí, no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias, conocen la zona, cuentan con un obrador en el lugar, disponen de los mecánicos y los proveedores. Eso les da grandes ventajas competitivas”.
Asimismo, Calcaterra aclaró que nunca licitó en Santa Cruz y ni siquiera estaba en el registro de proveedores, por lo que no podía hablar de irregularidades en esas licitaciones. Pero, además, agregó que se presentó junto a Lázaro Báez en la licitación más grande, que fue nacional, por las represas Jorge Cepernik y Néstor Kirchner, en esa provincia.
No dejó de llamar la atención que tratándose de un familiar y socio de Macri, terminara jugando a favor de las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en un juicio iniciado por denuncia del macrismo.
El primo de Macri también desmanteló otras acusaciones. Una de las hipótesis es que Báez competía poniendo precios bajos en sus propuestas y que después conseguía más dinero a través de las redeterminaciones de precios.
“Es imposible hacer una obra pública sin redeterminación de precios, ajustando el precio a la realidad. Lo que hay que entender es que es simplemente tratar de ir ajustando, en una obra los períodos son muy largos y el precio base no puede ser el mismo”, explicó Calcaterra en relación a uno de los ejes de la acusación del debate.
El ex accionista de la empresa IECSA, al declarar en calidad de testigo, evaluó que la cercanía geográfica con las obras licitadas constituye una “clara ventaja” para la empresa oferente, al tiempo que enfatizó: “No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado, es muy normal que haya demoras”, en referencia a otro eje de la acusación, es decir, los supuestos retrasos en la finalización de las obras licitadas en Santa Cruz.
Tras la caída de las causas Memorándum con Irán, Dólar Futuro y Qunita, ahora el foco de la oposición está puesto en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz. Se trata de un caso que se inició en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel, que está repleto de irregularidades, algo que quedó claro en el debate oral con la declaración de numerosos testigos que demolieron la acusación.
La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio, lo que se suma a las irregularidades que alimentaron el caso.