El Gobierno pidió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que denunció, a principios de 2021, una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado mediante la contratación de deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019.
Lo hizo a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien presentó un escrito de diez páginas ante la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa. Allí el funcionario consideró que “se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos”.
Zannini, junto con el subprocurador Horacio Pérez Diez, entregó como prueba un pendrive con la entrevista que el ex presidente Macri concedió días atrás al canal de noticias CNN en español, en la que reconoció que el préstamo del FMI fue utilizado “para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir del país, por temor al kirchnerismo”.
“El uso de los fondos prestados por el FMI para satisfacer los requerimientos de inversores especulativos que pretendían reposicionarse en dólares” se corresponde “con lo que el FMI advirtió como desvíos en el uso de los recursos prestados a la República”, afirmó el Procurador.
Y agregó: “Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional”. Además, agrega que el ex presidente “contradictoriamente pretende negar, aunque lo admite luego de manera expresa” que la plata se usó para “la generación de activos externos de libre disponibilidad”.
Asimismo, advirtió que también podrían haberse cometido los “presuntos lícitos de violación de deberes de funcionario público y defraudación a la Administración Pública Nacional”.
Por esta declaración y otras pruebas recogidas, la Procuración sostuvo que “se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos”.
“Los dichos del ingeniero Macri en la entrevista periodística vienen a avalar aquella premisa referida a la salida masiva de divisas, acreditada suficientemente con las constancias arrimadas a la causa”, resumió el escrito.
El Estado es querellante de la causa tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. A través del Decreto 239/2021 publicado en abril de 2021, el presidente Alberto Fernández instruyó al Procurador y a la Sindicatura General de la Nación para que “determine la existencia y la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By”.
Concretamente, la causa penal fue iniciada luego de que Fernández expresara la necesidad de investigar qué pasó con el dinero que el FMI le otorgó al Estado argentino y que no se tradujo en obras ni inversiones productivas para el país.