Pasaron más de ocho meses desde que asumió, y por fin el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, hoy tuvo la oportunidad de transmitirles por primera vez a los cuatro miembros de la Corte Suprema, cara a cara, su “preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años”.
De un lado del salón se ubicaron los cuatro ministros de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Del otro lado, estaba Soria.
Durante un encuentro que se extendió por 40 minutos, el funcionario aprovechó para plantear su diagnóstico sobre el funcionamiento de la Jusiticia, y en ese contexto expresó su inquietud por la llamada “Mesa judicial” que actuó desembozadamente durante el gobierno de Mauricio Macri para “presionar” a los magistrados.
Al respecto, recordó que “se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del Ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia”.
Soria nombró a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón como el principal operador de la política judicial del macrismo y dijo que, paradójicamente, estaba prófugo de la justicia en Uruguay. Como un dato no menor, hay que recordar que fue “Pepín” quien llevó los nombres de Rosenkrantz y Rosatti para la Corte, y el encargado de haber diseñado un mecanismo para que fueran nombrados en comisión, algo que no llegó a materializarse por el rechazo que generó.
Al respecto, señaló la “llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores”, aunque no mencionó el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura (el organismo encargado de la selección de los jueces), que el Gobierno envió al Congreso.
El lunes, el Poder Ejecutivo remitió la iniciativa, y fue una manera de adelantarse a un fallo adverso que preparaban los supremos para el 16 de diciembre. El Gobierno busca que el Consejo pase de 13 miembros a 17. Con esa conformación aumentará el número de jueces, abogados y académicos, y, al mismo tiempo, se buscará que contemple la equidad de género.
“El Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la justicia, pero si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación”, planteó.
Sin callarse nada, el ministro no dudó en enfatizar que “la Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso (Carlos Pedro Tadeo) Blaquier o como hace ahora con el caso (Santiago) Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi. La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70 por ciento de los casos sin dar fundamentos”.
Según informó el Ministerio de Justicia, Soria incluso criticó cómo fue elegido Rosatti para presidir la Corte: “Si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos autovotos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia”, sostuvo el ministro en referencia a que Rosatti y Rosenkrantz se votaron a ellos mismos.
Por otra parte, le reclamó al máximo tribunal por la demora a la hora de resolver causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, y les entregó a sus integrantes un pedido de informes que realizó el relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, a partir de una presentación de organismos de derechos humanos.
En tal sentido, les advirtió a los supremos que la Argentina podría ser sancionada, porque desde Naciones Unidas están pidiendo informes por “la ostensible demora en la que viene incurriendo la Corte Suprema de Justicia en la República Argentina en resolver causas por crímenes contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas”.
Soria hacía mención a una comunicación que enviaron cuatro organismos de las Naciones Unidas al Estado argentino el 18 de octubre pasado. El pedido de informes se produjo después de una presentación que hicieron los organismos de derechos humanos en junio pasado en la que reclamaban por la falta de avances en la revisión de las causas por delitos cometidos durante la dictadura y en los años anteriores.