El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por acogerse a los planes de financiación que otorgó la AFIP, pero condenó al administrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray, porque los jueces entendieron que los cuatro planes –no se sabe si todos o algunos de ellos– significaron una defraudación al Estado. Lo que queda claro es que la prisión de López y De Sousa fue una persecución política, que apuntó a que los empresarios vendieran la petrolera a amigos de Mauricio Macri, que entregaran las obras y los peajes que ganaron en licitaciones y que sus medios –C5N y Radio 10, por ejemplo– se alinearan con el macrismo. Fue el equivalente a una extorsión, metiendo presos a los dueños y embargando todos los bienes de las empresas, mientras enviaban a amigos de la Casa Rosada macrista a proponer que cedieran todas sus acciones de manera gratuita.
“No sólo violaron mi libertad, sino también la de mi familia, espiándonos en la cárcel de la mano de la Agencia Federal de Inteligencia de Macri y Gustavo Arribas –dijo De Sousa, al borde del llanto, en una conferencia de prensa–. Violaron nuestro derecho de defensa, escuchando lo que hablamos con nuestros abogados. Y ahora los jueces dicen que no cometimos ningún delito.”
El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.
El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.
Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.
En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a “cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública”, al hallarlo “autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”.
A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso “levantar las medidas cautelares” dictadas contra ambos, “como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación”.
El fallo fue leído en la tarde de este jueves, minutos después de las 19, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron esta mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.
“No hubo ningún perjuicio fiscal”, sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un “pronunciamiento absolutorio”, porque -según dijo- se trató de una causa “armada” con “prueba falsa” que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.
Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron “iguales” a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo “ninguna prueba” que avalara la acusación.
Durante la mañana también, en el marco de lo que se conoce como “últimas palabras” antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.
“Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto”, aseveró el empresario.
Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien “la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar”.
El juicio había comenzado el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.
Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.
La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.
El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.