El ministro de Justicia, Martín Soria, no duda en sostener que la Corte Suprema dio un golpe a las instituciones sin precedentes después de declarar la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo de la Magistratura, y de emplazarlo a que en un plazo de 120 días vuelva atrás en el tiempo y que pase a funcionar como lo hacía antes de 2006: con 20 miembros y con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, como cabeza de ese cuerpo encargado de la selección y remoción de los jueces, así como de la administración del Poder Judicial.
Lo opinión del funcionario nacional está en línea con el malestar que en el oficialismo generó la resolución del máximo tribunal.
Ayer, la Corte había declarado la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo, y exhortó al Congreso a que dicte una nueva ley que garantice el equilibrio de los distintos sectores que deben sentarse allí.
Con este fallo, los supremos hacen retroceder 15 años al Consejo de la Magistratura, y vuelven a poner al titular de la Corte como cabeza de ese cuerpo también. Los cortesanos le dan un plazo máximo al Consejo de cuatro meses para que se integre con 20 miembros –siete más que en la composición actual–.
El ministro Soria consideró que “este fallo es la ratificación de lo que advertimos la semana pasada, cuando mantuve la reunión con la Corte Suprema. Que la Corte declare inconstitucional una ley del año 2006 que la propia Corte ya había declarado constitucional en 2014, nos lleva a preguntarnos qué cambió. La respuesta es sencilla, lamentablemente ahora tenemos una Corte Suprema que ya no aplica el derecho, sino que juega a hacer política”.
En declaraciones a Página/12, enfatizó que “volver a la composición de 20 integrantes en el Consejo en el plazo que estableció la Corte es casi impracticable, así que tenemos dos opciones: o la oposición permite que el Congreso asuma su función legislativa para sancionar una nueva ley, o en abril nos quedamos con un Consejo de la Magistratura paralizado”.
Para Guzmán, “el fallo de la Corte pone en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial, porque puede implicar la parálisis de las designaciones de jueces, de la administración del Poder Judicial, de las sanciones a jueces. La Corte les dio un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes. Pero incluso, si se volviera a la composición de 20 consejeros, estaríamos volviendo a una composición que, en la práctica, demostró ser ineficiente, y que por eso se modificó en el año 2006”.
Por su parte, un hombre cercano a Alberto Fernández calificó como “ridículo” al plazo de 120 días que fijó la Corte Suprema para que se incorporen siete integrantes al Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que, en caso contrario, a partir del día 121 el organismo no podrá seguir funcionando.
“Es de aplicación imposible”, dijeron en el Gobierno. Apenas conocido el fallo, el presidente Fernández analizó el texto con el ministro Soria. Horas antes, Alberto había vuelto con la idea de una eventual ampliación del máximo tribunal. “Es un tema central, la cuestión de la Justicia forma parte de la agenda de Alberto”, indicó una fuente oficial.
De hecho, en Casa Rosada deslizan que hasta tanto no se sepa si hay margen para la ampliación o no de la Corte, el Ejecutivo no avanzará con el envío del pliego de la postulante -será mujer- para ocupar el cargo que dejó vacante Elena Highton de Nolasco.
“La Corte quiere seguir condicionando al Gobierno”, apuntó un dirigente del Frente de Todos, al referirse al fallo, sobre todo al plazo de los 120 días, en el marco de los mensajes “políticos” del tribunal.
Mientras, en la Casa Rosada hay dos miradas sobre esta cuestión: una interpreta que el plazo de cuatro meses le podría permitir al Gobierno acelerar la discusión y el tratamiento del proyecto de ley que envió hace unos días. Otra, menos optimista, cree que eso es imposible, que no hay margen de negociación con la oposición y que, además, la ley no tiene ni siquiera el respaldo total del oficialismo.
En tanto, desde un sector del oficialismo, vinculado a Cristina Kirchner, traducen el fallo a un movimiento de la Corte para tomar el control de todo el Poder Judicial. La misma mirada, pero por la positiva, hace un diputado opositor que entiende que el tribunal confirmó, con su fallo, que es la “cabeza del Poder Judicial” más allá de las posturas que exprese el oficialismo.
Los reducidos tiempos establecidos por la Corte pueden abrir un espacio de incertidumbre sobre el futuro cercano del Consejo. Si bien es necesario cesar con un estado de cosas inconstitucional en el menor tiempo posible, resulta difícil pensar que una decisión que a la Corte -órgano compuesto por cuatro integrantes- le tomó seis años, pueda ahora ser resuelta por el Congreso -órgano compuesto por 329 personas- en los próximos 120 días.