La creciente tensión interna de Juntos por el Cambio volverá a quedar expuesta mañana, cuando los gobernadores radicales firmen con el presidente Alberto Fernández el pacto fiscal que ya fue rechazado públicamente por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En el entorno de uno de los gobernadores de la UCR, los tres estamparán firma en el convenio, pese a las críticas que había filtrado el mandatario mendocino, Rodolfo Suárez, que dice que no quiere subir impuestos. Por eso, mañana firmarán, además de Suárez, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Gerardo Morales, que enfrenta a Larreta en la pelea por el liderazgo de la alianza opositora.
Entre otros puntos, este nuevo Consenso Fiscal para 2022 impondrá un tope máximo para las alícuotas de los distintos impuestos de cada jurisdicción, y protegerá la autonomía y las facultades tributarias propias de los distritos.
Y en cuanto a la negativa de Larreta, con esta movida el alcalde porteño busca hacer un guiño al llamado círculo rojo, al quedar como el único gobernador opositor que rechaza la suba de impuestos, a pesar de lo que viene haciendo en su administración.
El hecho es que el convenio fiscal se viene replicando todos los diciembres desde que se firmó en 2017. En aquel año, el espíritu del convenio era el compromiso de los gobernadores para comenzar a bajar impuestos.
Y apenas asumió en diciembre de 2019, Alberto Fernández congeló esas bajas y ahora el nuevo convenio habilita a los gobernadores a subir las alícuotas, si bien en los hechos no necesitan la autorización del Gobierno nacional para subir o bajar impuestos. Este convenio, en efecto, habilita la aplicación de un impuesto a la herencia que gobernadores oficialistas, como el entrerriano Gustavo Bordet, había derogado en sus provincias.
Mientras, el caso de Juan Schiaretti es una incógnita. El mandatario cordobés no fue invitado a la reunión que los gobernadores oficialistas tuvieron el martes con Alberto en Olivos, en donde se sondeó el tema. Schiaretti se enteró de la reunión del próximo lunes por boca de Omar Perotti y de Bordet, durante el velorio de Jorge Busti.
Por su parte, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le contestó a Rodríguez Larreta, al recordar que en realidad ese incremento es “algo que ya sucedió y que aprobó su propio gobierno”. Y ejemplificó que “a través de su presupuesto y de sus leyes impositivas (aumentó) un 52 % el ABL y las patentes”, mientras que en 2021 había aplicado una suba de un punto a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos a las entidades financieras, que pasó de 7 % a 8 %, y en 2020 se creó un nuevo impuesto para los usuarios de tarjetas de crédito.
Los dichos de Rodríguez Larreta “nada tienen que ver con este consenso, que en realidad habilita a todos los distritos a manejar sus impuestos locales tal cual se viene firmando desde fines de 2019, dándole estabilidad y certeza jurídica”, explicó la funcionaria.
En ese sentido, Batakis señaló que la propuesta de acuerdo fiscal “fue elaborada en diálogo con absolutamente todas las provincias”, en un trabajo que se viene haciendo desde hace meses, y que el objetivo “es consensuar entre todos a través del diálogo y recibiendo todas las sugerencias y comentarios de las jurisdicciones”.
Batakis aclaró que “desde este consenso no se promueve ningún aumento de impuestos”, sino que “simplemente, lo que se va a hacer es ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en 2019, 2020 y 2021, pero las provincias mantienen su potestad tributaria”.
“Lo único que hacemos nosotros es darle autonomía política a cada una de las provincias para que decidan si aumentan o no, pero con un tope”, enfatizó.
Las facultades tributarias propias se habían eliminado en 2017, cuando la Nación y las provincias, con excepción de San Luis, La Pampa y la CABA, firmaron el denominado Consenso Fiscal III, que estableció un cronograma de reducción de alícuotas y se les prohibió a los gobernadores aumentar las alícuotas impositivas provinciales.
Al asumir el gobierno Alberto Fernández en 2019, “los mandatarios provinciales reclamaron que Nación les devuelva su potestad y autonomía para decidir eventuales aumentos o reducciones de impuestos, y desde ese año empezamos una firma de consensos en los que hacíamos era establecer las alícuotas que estaban vigentes en ese momento”, reseñó la funcionaria del Ministerio del Interior.