El reciente fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, coloca en una peligrosa incertidumbre a la administración de Justicia, teniendo en cuenta que en su resolución el máximo tribunal estableció como fecha límite el 15 de abril.
Y es tanta la preocupación que esta situación genera, que los estamentos de jueces y abogados no dudan en señalar que el plazo de 120 días que se fijó para que la estructura del organismo se amplíe a 20 miembros, es “imposible de cumplir”.
La realidad es que hoy por hoy todavía nadie sabe cómo se va a cumplir con ese fallo, teniendo en cuenta que en tan sólo cuatro meses más debe haber un nuevo Consejo, porque de no ser así, se corre el riesgo de quedar literalmente paralizado.
De esta manera, se plantean tres escenarios: uno, es que haya elecciones para completar el Consejo; el segundo, es la sanción de una nueva ley, lo que todos coinciden que es la mejor y única solución definitiva; y el tercero es el caos, tanto institucional como político.
Así, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entidades que agrupan a magistrados y a profesionales del Derecho que ejercen en CABA, solicitaron al Poder Ejecutivo y al Congreso que impulsen una nueva ley para cumplir con ese requerimiento.
El 16 de diciembre último, la Corte le dio 120 días corridos al Consejo para restituir el “equilibrio” entre las distintas corporaciones que lo integran, por lo que, transcurrido ese plazo, las decisiones del organismo serán consideradas nulas.
Hay que tener en cuenta que el Consejo no solamente tiene la función de seleccionar y remover jueces, sino que también maneja el presupuesto de la Justicia y por ende los sueldos de los empleados judiciales.
Mientras tanto, la alternativa más viable es que el Congreso sancione una ley durante las sesiones extraordinarias. En esa normativa puede haber una cláusula transitoria para que los actuales representantes continúen hasta las elecciones de sus estamentos.
El Gobierno envió un proyecto de ley a principios de diciembre y está en el Senado. La nueva norma contempla elevar el número de consejeros de los 13 actuales a 17: esa cantidad se compondría de cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.