“Es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”. Así, de manera contundente, Alberto Fernández se refirió hoy a la llamada “Gestapo antisindical” macrista y el espionaje ilegal durante el gobierno anterior.
Desde su cuenta de Twitter, el presidente recordó que “al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”.
Y agregó que esos dispositivos fueron asignados a “María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros”.
En un hilo de tuits, precisó que ordenó a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que denuncie ante la Justicia “para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”.
He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática.
— Alberto Fernández (@alferdez) January 4, 2022
La investigación pedida por el Presidente se da tras la denuncia de la conductora de la AFI, Cristina Caamaño, contra funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal luego del hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en las que promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.
En un tramo del video de la denuncia se escucha decir al ex funcionario: “A esto lo voy a desmentir. Pero si tuviera la Gestapo para ir contra el curro de los gremios, lo haría”.
Para Fernández, la situación describe “la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución”, por lo que “la Justicia debe investigar sin demoras”.
Así, explicó que impuso a la intervención de la AFI “el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy”. Además, apuntó nuevamente contra la gestión de Cambiemos y dijo que hay que “acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista” para “revalorizar el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.
La denuncia de la AFI quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. El organismo de inteligencia acusa al intendente platense, Julio Garro, y a ex miembros del gabinete provincial de haber “impulsado” una causa judicial contra el titular de la Uocra local, Juan Pablo aaaMedina, procesado por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada.
La declaración completa
“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores.
A partir de la nueva información quisiera recordar: al inicio de la gestión denunciamos la existencia de mas de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía funcionarios nacionales, pero también personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos.
Así, se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros.
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?
Esas preguntas exigen una respuesta. El uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible.
Ante la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución, la Justicia debe investigar sin demoras y dirimir las distintas responsabilidades de autores y cómplices en estos hechos.
He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”.
1 comentario
DALE ALBERTO PONETE LAS PILAS , NOS ESTAN TOMANDO POR IDIOTAS SE RIEN DE NOSOTROS ESTOS HDP .
REFORMA JUDICIAL YA !!!!! Y DARLE CON TODO A LOS FORMADORES DE PRECIOS , PARA ESO TE VOTAMOS., NACIONALIZAR LAS EMPRESAS DE ELECTRICIDAD !!!!!