De los 15 asistentes a la reunión en la que funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal se lamentaron por no disponer de una Gestapo para terminar con la actividad gremial, ninguno se registró al ingresar al edificio del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires aquel 15 de junio de 2017, ya que “por órdenes superiores” no quedó asentada la identidad de los participantes.
En otras palabras, el encuentro estaba planificado como clandestino, y por eso nadie dejó nombre y DNI: la razón es que los tres altos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encabezaban la deliberación, y se delineaba una política de persecución contra dirigentes gremiales.
Así lo revela hoy el periodista Raúl ‘Tuni’ Kollmann en Página/12, donde aporta precisiones sobre la trama secreta de aquella reunión.
Por ejemplo, señala que las cámaras que tomaron las imágenes del salón del séptimo piso tenían la marca de agua de una empresa de seguridad, Axis, de origen norteamericano, que no figura como proveedora del Banco Provincia. Ni esa empresa ni ninguna otra, aparecen como instaladoras de cámaras internas dentro de ese salón o de algún otro del edificio tradicional de la entidad bancaria. Una alternativa es que las cámaras -que tenían memoria propia y no requerían de cables- las haya instalado la misma AFI, en un asombroso operativo de inteligencia destinado a espiar a cualquiera que se reuniera allí, incluyendo a los propios integrantes de Juntos por el Cambio.
Y remarca que la otra posibilidad es que haya actuado una empresa de seguridad que habría jugado a dos puntas: brindándole servicios al banco, y al mismo tiempo pasándole las imágenes a la AFI. De todos modos, en los dos casos, el espionaje lleva la firma de los titulares de la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La grabación misma desmiente la idea de que era “una reunión de trabajo” habitual, tal como intentó excusarse Vidal. El examen del contenido del encuentro evidencia que los hombres de la AFI y el ministro de Trabajo de la ex gobernadora le propusieron a los empresarios que le tiendan una trampa a Juan Pablo “Pata” Medina, dirigente de la construcción: que les paren las obras con cualquier excusa y ellos -los funcionarios de Inteligencia- filmarían la reacción para después presentar las imágenes a la justicia: “la cuestión judicial la tenemos arreglada. No los estamos invitando a un carnaval para ver qué sale”, remató el ministro Marcelo Villegas, garantizándoles la actuación de jueces y fiscales que “ya están arreglados”.
Todos estos elementos desmienten a la actual diputada nacional, en la endeble defensa que intentó con su reciente reaparición.
El encuentro del séptimo piso del edificio de Bartolomé Mitre y San Martín tenía un fuerte contenido clandestino. Eso es lo que explica que cuando los participantes iban llegando, fueron recibidos por personal de Relaciones Institucionales del Bapro y los hacían pasar sin registrarse. Como es obvio, toda persona que entra al principal y más tradicional edificio del banco, debe dejar su nombre, DNI y el motivo de la visita. Nadie de otro organismo del Estado entra libremente a ningún edificio público.
Y, tal como lo precisa ‘Tuni’ Kollmann, eso no ocurrió en aquel encuentro. No sólo estuvieron funcionarios bonaerenses sino los tres altos directores de la AFI: el jefe de Gabinete, Darío Biorci, el director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y el director de Jurídicos, Sebastián De Stefano. Quienes conocen de inteligencia afirman que nunca en la historia se expuso de esa manera a tres cargos del máximo nivel de la central de espías, reuniéndolos con personas ajenas a la AFI.
En teoría, en una reunión habitual de trabajo, no hay razones para ingresos clandestinos. Pero en este caso está claro que los hombres de la AFI entraron autorizados, de manera que no se puede argumentar que no se sabía que estaban allí. Además, llevaron la voz cantante en gran parte de la reunión.
En la AFI están seguros que las cámaras fueron instaladas por la propia central de espías, aunque están esperando el regreso de vacaciones de uno de los técnicos especializados. Así lo reveló la interventora Cristina Caamaño.
Se revela asimismo que las cámaras son autónomas, es decir que tenían su propia memoria y una magnífica calidad de sonido. El traspaso de las imágenes a la AFI pudo haberse hecho por el sistema bluetooth, es decir de manera remota. O también mediante una conexión a establecer cada tanto.
Pero todo esto requería una autorización del Gobierno bonaerense, dado que las cámaras se veían: ¿por qué le darían el visto bueno a la AFI para que los espíe? ¿había un plan conjunto de espionaje?, se pregunta Kollmann. Hay algo seguro: las cámaras no estaban antes -en la administración de Daniel Scioli-, no están en la actualidad y tampoco se encontraron al asumir Axel Kicillof el 10 de diciembre de 2019.
Es nítido que la grabación de la reunión fue parte del espionaje puesto en marcha por la Casa Rosada. O las cámaras fueron puestas directamente por la AFI, con el visto bueno del Gobierno bonaerense, o las imágenes igual se las proveía la empresa prestadora, con o sin el ok de la administración de Vidal.
Lo que se percibe es que el espionaje era la regla, con la cabeza en Macri y su íntimo amigo Arribas, pero que también era moneda corriente en el gobierno de La Plata. Eso es lo que explica que Vidal y otros funcionarios bonaerenses tenían los celulares encriptados provistos y pagados por la AFI (ver aparte). Y también se verifica en los dos audios atribuidos y no desmentidos al subcomisario Hernán Casassa, que contó el funcionamiento de una mesa judicial bonaerense, que se reunía en La Plata, en el edificio del Bapro en CABA y en la propia AFI. La diferencia es que, en muchísimas ocasiones, la AFI macrista espiaba también a los propios, entre ellos a los bonaerenses.