Por Eduardo D’Argenio.- Una vez más, las patronales de “el campo”, creyéndose los dueños del país, volvieron a exteriorizar este fin de semana su rechazo al Gobierno nacional, y en un tono casi patoteril amenazan con que, de no aceptar sus condiciones, “se puede desatar un nuevo conflicto”, por lo que no se descartan convocatorias a protestas y tractorazos para las próximas semanas.
Así quedó exteriorizado durante una asamblea de productores en la localidad santafesina de Armstrong, oportunidad en la que le exigieron al presidente Alberto Fernández que deje de aplicar retenciones, a las que definieron como “inconstitucionales”, y que instruya a su ministro de Economía (Martín Guzmán) “para que podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo”.
Sin embargo, en El Destape se precisa hoy que, durante la pandemia, el margen bruto por hectárea en el campo creció para los principales cultivos exportables entre un 50 y un 70 % medido en dólares. La única excepción fue el trigo que redujo un 20 % sus márgenes respecto de mayo de 2020, de acuerdo con un informe de la Subsecretaría de Agricultura, que comenzó a relevar al sector.
A partir de una disparada de los precios internacionales y un nivel de cosecha y rendimientos récord de los cultivos, los márgenes de los productores en la zona núcleo del país arrojaron una escalada histórica entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, incluso tras una corrección a la baja que tuvieron esas ganancias en el último trimestre del año pasado en los cultivos por aumento de costos y arrendamiento.
En tanto, a través de un comunicado, la Sociedad Rural expresó su “profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país”, y advirtió que “desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos”.
Y agregó que “exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante”.
Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo que “tenemos que ir a más contundencia y más fuerza en el accionar. A eso vamos a tener que ir, porque lo hecho hasta ahora no dio resultado”.
En tanto, Carlos Achetoni, máxima autoridad de Federación Agraria, convocó a la unidad de todos los productores, y les reclamó mayor compromiso al momento de acompañar los reclamos del sector.
La respuesta llegó de la mano de Juan Monin, productor del norte del país, quien afirmó: “Es la hora de mostrar los dientes. Ustedes convoquen, que de la calle nos ocupamos nosotros”.
La idea de los productores que se pusieron al frente de la movilización es sumar otros sectores económicos como comerciantes, empresarios y la ciudadanía en su conjunto, por lo que no se descarta una reedición de aquel slogan que se lanzó allá por 2008 durante el debate por la 125, “Todos somos el campo”.
También se habla entre los productores de organizar movilizaciones en otros puntos del interior del país, y no se descarta una marcha hacia el Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires.
Como no podría ser de otra manera, desde el macrismo se viene agitando el malestar de las entidades del campo. Tanto es así que uno de los más fervientes impulsores de esta movida es Luis Miguel Etchevehere, el ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri.
A la distancia por encontrarse aislado por Covid, el ex funcionario dijo que “el campo no ve futuro en su actividad, por eso son las protestas y el cambio de actitud de los productores. Todo lo que viene haciendo el Gobierno actual desde que asumió hace dos años, perjudica al productor agropecuario. La gente se cansó porque ve que permanentemente están haciendo cosas que dañan el hoy, pero por sobre todo comprometen el futuro”.
Está claro que a todos ellos los une su recalcitrante antiperonismo. No les importa la República ni la democracia. Sólo defienden sus intereses. Se creen el ombligo del mundo. O al menos, de la Argentina.
Mientras tanto, añoran aquel clima de guerra que caracterizó el conflicto agropecuario de 2008 contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por la 125, y aseguran estar “en alerta” para responder a “cualquier medida autoritaria”, y con ese mote definen a “la reforma agraria”, “la persecución a la prensa” o “el delirio de una justicia adicta”.