Con la marcha del 1 de febrero en el horizonte, en la que se espera una multitudinaria concentración frente al edificio de la Corte Suprema, este 2022 que acaba de empezar promete una contienda política que sin lugar a dudas se extenderá a lo largo del año.
Mientras tanto, el Gobierno se prepara para convocar a sesiones extraordinarias, y uno de los temas que buscará tratar en el Congreso en el verano es el de la reforma del Consejo de la Magistratura.
En el Ejecutivo se barajan distintas opciones para modificar el funcionamiento del máximo Tribunal, que recientemente fue cuestionado por el presidente Alberto Fernández. Según un informe de El Destape, las reformas que se están estudiando para la Corte van desde una ampliación, a cuestiones técnicas como la aplicación del artículo 280, método por el que no se adentra en las causas y les da un cierre definitivo.
Así, el Gobierno apuesta a poder tratar en las sesiones extraordinarias el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió a principios de diciembre al Congreso. Se trata de la iniciativa que ingresó al Parlamento antes de conocerse el fallo cortesano que declaró inconstitucional la actual conformación de 13 integrantes que tiene el órgano que selecciona y sanciona jueces.
Y, como se sabe, otorgó un plazo de 120 días para que se restablezca la integración antigua de 20 miembros, en la que el presidente de la Corte es el presidente del Consejo. Los cortesanos remarcaron que, si no hay una readecuación en ese lapso de tiempo, los actos que se dicten “serán nulos”, por lo que el 15 de abril podría paralizarse un organismo central para el funcionamiento del sistema judicial.
“En la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”, afirmó Alberto Fernández días atrás. El presidente expuso como ejemplo que los supremos aceptaron un per saltum para abordar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los magistrados que Mauricio Macri nombró de forma irregular en la Cámara Federal porteña, pero tiene hace dos años para resolver la causa por la que la dirigente social Milagro Sala está presa y no la trata.
Desde el 1º de noviembre, el Tribunal Supremo funciona con cuatro integrantes por la partida de Elena Highton. El Gobierno debe postular a una candidata para reemplazarla, pero todavía no lo ha hecho. Necesita los dos tercios de los votos en el Senado para poder designarla, y en la actualidad no cuenta con ellos. Por eso, en Balcarce 50 se analiza doblar la apuesta. El tema no se apurará para tratar en extraordinarias.
Por otra parte, y con la idea de avanzar con los cambios que pretende aplicar en la Justica pero la oposición obstaculiza, el oficialismo analiza negociar este año en el Congreso un “paquete judicial”. La batería de iniciativas abre la posibilidad de un diálogo más amplio. O de lograr un resultado satisfactorio en alguna de las diversas iniciativas que se envíen.
Según fuentes judiciales, ese paquete puede constar de la mentada reestructuración de la Corte, la designación del Procurador General de la Nación –en el Senado está el pliego de Daniel Rafecas- y la designación de 11 jueces en cargos vacantes de Comodoro Py, entre los que se cuentan los juzgados que ocuparon Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres; los sillones de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña; y seis cargos en tribunales orales porteños.
Dada la distribución de fuerzas en el Parlamento, nuevamente el interrogante es cómo actuará Juntos por el Cambios. Una duda sustancial es por qué ese sector político habría de prestarse a la negociación si los antecedentes le juegan a su favor: cuando Macri llegó a la Casa Rosada se aprovechó de las vacantes en la Corte y en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Nombró dos supremos (Rosenkrantz y Rosatti) y 5 camaristas en Casación. Y forzó salidas en puestos claves del Poder Judicial cuyas vacantes siguen hasta hoy.
Esos lugares, el macrismo los terminó ocupando con interinos que jugaron a su favor, como es el caso de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación, quien sigue al frente del Ministerio Público Fiscal hasta hoy.
En ese ajedrez político-judicial juega un papel central la interna que atraviesa a la principal fuerza opositora. Y la potencia que puedan adquirir los proyectos que impulse el Gobierno. La primera prueba del 2022 en esa línea se dará en dos semanas cuando se realice la marcha del 1F contra la Corte.