Causa Vialidad: Alberto Fernández declarará mañana en los tribunales de Comodoro Py

Alberto Fernández se presentará a declarar mañana en el marco del juicio por la obra pública en Santa Cruz, una de las causas paradigmáticas del Lawfare, que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como protagonista. El mandatario participará por su rol como jefe de Gabinete durante el período investigado.

El presidente concurrirá con ese fin mañana a las 9.30 a los tribunales de Comodoro Py. En tanto, está citado a prestar testimonio el 21 de febrero el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Si bien Fernández, debido a su cargo como mandatario, podía declarar por escrito, decidió presentarse personalmente. Al respecto, pidió ir de forma presencial a los tribunales “para defender personalmente a Cristina Fernández de Kirchner”.

Las declaraciones comenzaron el 1 de febrero con Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Según los ex funcionarios, las rutas construidas en Santa Cruz fueron aprobadas y controladas por el Congreso. Asimismo, declararon Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, el 7 y 8 de febrero, respectivamente.

El caso comenzó en 2016 con una denuncia del entonces titular de Vialidad, Javier Iguacel. A lo largo del debate oral, que comenzó en mayo de 2019 -tres meses antes de las PASO presidenciales-, declararon 41 testigos, pero faltan declarar aún otros 98.

La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Mauricio Macri por una denuncia de Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio ex funcionario al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.

La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.