El ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi reconoció ante el juez Ernesto Kreplak sus vínculos y encuentros con los agentes de AFI, con lo cual desmintió a la ex gobernadora Vidal que antes las cámaras de televisión dijo “desconocer” que hacían los espías en un reunión de gabinete.
El exfuncionario se presentó en el juzgado pero al igual que hizo antes el exministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, entregó un escrito de 49 páginas y se negó a responder preguntas. El escrito dejo mucho para opinar y hundió un poco más a la ex gobernadora y sus manejos ilícitos para perseguir gremialistas y políticos opositores.
En el escrito, Grassi admite que visitó a la AFI y que eso no es delito. Dice que fue el 31 de julio de 2017, el 8 de agosto y el 2 de enero de 2018: las dos primeras fueron con Diego Dalmau Pereyra, exdirector operacional de Contrainteligencia (también presente en el Bapro) y la tercera con De Stéfano. Era funcionario provincial y su peculiar explicación es que acudió “en virtud del cargo que ostentaba”, por sus “conocimientos en temas legales, especialmente el área penal” y porque tenía “obligación” de “participar de muchísimas reuniones de diversa índole”.
En un párrafo confiesa: “En alguna ocasión se habló sobre el estado” de “las distintas causas penales en las que se encontraba imputado el Sr Medina”.
El escrito tiene una lista de llamados de 2017 con otros hombres presentes en la reunión del Bapro. Los 113 con el senador Allan los atribuye a que ambos eran integrantes del Consejo de la Magistratura bonaerense. Los 84 con Villegas eran, dice, por “la función pública” y agrega que reconoce haber hablado sobre los conflictos con la UOCRA. Lo mismo marca sobre 30 con Garro.
Con los empresarios Fabián Cusini y Carlos Tejada Ibáñez admite que se debieron a los problemas con la UOCRA y se jactó de ser quien les recomendó hacer denuncias judiciales. También a Marcelo Jaworski, con quien se reunió, le dio el mismo consejo. Este solo fue al ministerio de Trabajo y la nota que elevó apareció en la causa de Armella.
Grassi tiene llamados con Pablo Wilk, secretario de ese juez (cuya intervención era dudosa ya que es de Quilmes y la denuncia aludía a hechos en La Plata): uno el 30 de agosto y otro el 1 de septiembre. El exsubsecretario dijo que hablaba para “articular” las declaraciones de los empresarios como testigos, ya que considera que debía “interceder ante magistrados” en defensa de derechos. Es decir, desde un cargo político se inmiscuía en los expedientes.
Se ve que no habría sido el único caso porque describe que se reunía “con jueces y funcionarios de todas las instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
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