Tal como ocurre en Europa y Estados Unidos, se viene una necesaria regulación de las redes sociales

Bastó que hoy el secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz, anunciara que el Gobierno prepara un proyecto para regular las redes sociales, con el objetivo de que se deje “de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, para que algunas de las figuras de la oposición pusieran el grito en el cielo, al plantear un mensaje apocalíptico en el que pretenden mostrar que la administración de Alberto Fernández busca ejercer la censura.

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio, tan afectos a defender, admirar y copiar lo que ocurre en “los países serios”, parecieran desconocer que desde hace años en la mismísima Unión Europea y hasta en los Estados Unidos, plantean la necesidad de crear un marco legal para crear un marco legal que permita poner límites a la proliferación de mensajes cargados de odio, xenófobos y violentos.

Desde el Centro Cultural Kirchner, en su carácter de secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz anticipó que “vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, y que el objetivo es evitar que se deje “de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

“Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales, dijo el funcionario, quien detalló: “No lo estamos haciendo solos. Hemos convocado a 40 universidades de la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas”.

Beliz no precisó si se trata de un proyecto de ley ni si contempla sanciones a infractores.

Mientras, en el sitio oficial del Consejo Económico y Social, que Beliz preside, se da cuenta del programa “Redes para el bien común”, que contempla “un conocimiento profundo del escenario digital actual; la construcción de consensos amplios sobre buenas prácticas en Internet; el establecimiento de acuerdos y compromisos entre múltiples sectores de la sociedad civil en torno a esos consensos; y la consolidación de un espacio de especialistas desde donde pensar, de modo amplio y colectivo, los desafíos de este tiempo”.

El proyecto, amplía la web, busca “promover un ejercicio de la ciudadanía que potencie las permisibilidades y las posibilidades democráticas de las plataformas virtuales y desincentive las prácticas vinculadas a la desinformación y los discursos de odio”.

Asimismo, propone “la construcción de un acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet que refuerce los valores de la libertad, la tolerancia, la convivencia democrática y asegure el mayor grado posible de veracidad en la información”.

Como era de esperarse, las repercusiones desde la oposición a la idea, no se hicieron esperar. El diputado Mario Negri fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto con una dura crítica a Beliz, a quien aconsejó “respetar la Constitución Nacional”.

En su cuenta de Twitter, el legislador escribió: “Gustavo Béliz quiere regular el uso de las redes sociales “para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. No son las redes sociales, es el relato, la impunidad, la falta de ejemplaridad, la obscenidad del poder. Respeten la Constitución Nacional, con eso alcanza”, sentenció.

Y agregó: “Podrán disfrazarlo como quieran, pero intentar regular/ controlar las redes sociales además de inconstitucional es autoritarismo puro y duro. La democracia exige libertad. Si no, no es verdadera democracia”, exclamó con el hashtag ‘Libertad de expresión’.

Por su parte, el ultramacrista Fernando Iglesias ingresó al terreno de lo ridículo y absurdo, al trazar una comparación por demás traída de los pelos, entre la actual administración de Alberto Fernández con la gestión peronista de los años 70: “Este Gobierno es la repetición farsesca del trágico gobierno peronista de los 70. Gustavo Beliz ya asumió su rol: el de Miguel Tato, otro funcionario peronista que siguió su trabajo durante la Dictadura, director del Ente de Calificación Cinematográfica que censuró 700 películas”.

En otra publicación, utilizó la ironía: “Le mandé WhatsApp a Gustavo Béliz y me dijo que me iba a censurar porque intoxico la democracia. Espero solo que no me metan preso. El camino es el diálogo”, escribió.

Mientras, la diputada Graciela Ocaña también se sumó a las críticas: “Que vergüenza ser Kichnerista e imponer leyes que restrinja el derecho a la Libertad de expresión, garantizado en nuestra C.N”, dijo contundente.

En tanto, el senador Gerardo Milman aseguró que “Regular las redes sociales es otro paso más para convertirnos en una autocracia. La Libertad de Expresión está consagrada en nuestra CN. El Kirchnerismo no se cansa de intentar ser ilegal”.

Sin embargo, y teniendo en cuenta el deslumbramiento que provoca en las huestes macristas todo lo que ocurre en los “países serios”, habría que recordarles que la Unión Europea, a través de su Consejo para Educación, Juventud, Cultura y Deporte, aprobó en 2017 una propuesta para obligar a empresas como Twitter, Youtube y Facebook a luchar contra apologías al odio y la violencia en perfiles y páginas de agrupaciones.

En 2018, Francia aprobó una ley que regula las redes sociales, sobre todo en periodos electorales, donde la propagación de mensajes propagandísticos y las noticias falsas proliferan. Y en Alemania fue aprobada una ley que penaliza el discurso de odio a través de Internet.

En octubre de ese mismo año, en el resto de la UE, Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron a través de un código de conducta voluntario a asegurar la transparencia sobre la publicidad política y aceptaron establecer políticas claras para detectar la identidad y el abuso de los bots en sus servicios, así como trabajar en priorizar y autentificar la información que se publica en sus plataformas.

Pese a este compromiso, en 2020, Twitter fue multado en Irlanda por 450 mil euros por incumplir el régimen de privacidad de la UE. Se trató de la primera sanción de ese tipo por no respetar el uso de datos personales por parte de las empresas.

En Inglaterra, a finales de 2020, se planteó una ley que defiende la imparcialidad de las plataformas tecnológicas en cuanto a opiniones políticas. Esta ley también busca defender la libertad de expresión de la moderación de contenido y el sesgo algorítmico, con el objetivo de ser imparcial frente a opiniones conservadoras o liberales.

Y hace algo más de dos años, en Estados Unidos se habló de una reforma al artículo 230 de la Ley de Decencia en Telecomunicaciones, para que se regule lo que se publica en las plataformas sociales. Tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Twitter y Facebook han sido cada vez más cuestionados sobre sus políticas de moderación de contenido, pero no sólo en este país sino en todo el mundo.

El telón de fondo es que las fake news viralizan en redes sociales, cuyos algoritmos favorecen su diseminación en detrimento de las noticias reales de fuentes confiables, y lucran con la polarización y la violencia política que aquellas incentivan.

Así, grupos de usuarios unidos por la desinformación, el odio y la conspiranoia se organizan en foros digitales anónimos de extrema derecha para amenazar a las víctimas de las campañas sucias, asediar a quienes no comparten sus ideas o provocar actos violentos. Perfiles falsos que se replican infinitamente actúan en las redes para aumentar el alcance de ese tipo de campañas, y la cantidad de clics y el tiempo frente a la pantalla de usuarios reales que todo eso produce, ayuda a las plataformas a ganar miles de millones de dólares en publicidad, muchas veces engañosa.