Escándalo en el Parlasur: el prófugo “Pepín” Rodríguez Simón fue a la sesión, lo abuchearon, y tuvo que escaparse

Provocador y creyéndose eternamente impune, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien fue el principal operador judicial de Mauricio Macri, y que está prófugo de la Justicia, desafió a los tribunales y a la propia Interpol al presentarse en la sesión del Parlasur en Montevideo. Pero ante los abucheos y el rechazo generalizado del cuerpo legislativo que generó su presencia, tuvo que retirarse del lugar.

“¡Simón es un prófugo!” “¡Entregate!”, le gritaban con cánticos. La primera en reaccionar fue la parlamentaria Elena Corregido (Frente de Todos): “No podemos consentir que un prófugo de la Justicia argentina, donde existe la democracia y se respeta el Estado de Derecho, esté sentado aquí decidiendo cuestiones vitales para los países de la región”, advirtió, y fue aplaudida.

Llamativamente, el repudio vino también desde adentro de Juntos por el Cambio, cuando María Luisa Storani subrayó que, como vicepresidenta de la UCR y en nombre del partido, le pedía “encarecidamente que se presente ante la Justicia”.

En un primer momento, el presidente del parlamento, el paraguayo Tomás Bittar, atinó a permitirle hablar, pero despertó el enojo de varios miembros que estallaron en cadena. Pepín aprovechó para colar unas palabras, pegado al micrófono: “Corresponde por reglamento, estoy esperando mi turno para hablar. El espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos está censurando mi derecho a defensa, que es una práctica indecorosa más allá de violar una cantidad de normas en derechos humanos. Quería señalar que no estoy prófugo de la justicia, estoy a derecho”.

Seguidamente, Oscar Laborde (Frente de Todos) tomó la palabra y recordó que está todo dado para que el jueves se reúna la Comisión de donde saldrá el dictamen con una propuesta sobre el futuro de Rodríguez Simón. La posición mayoritaria propone expulsarlo y la minoritaria tolera su permanencia. “Que se inhiba de hablar hasta que la comisión se expida”, pidió Laborde. Ahí Bittar, ya con decisión, omitió a Pepín, que se enfureció.

Después de eso, al ex operador no le quedó otra opción que retirarse del recinto.

Este jueves deberá reunirse la Comisión de Presupuesto y Ética, para definir un dictamen sobre la situación de Rodríguez Simón en el Parlasur. Esa comisión tiene diez integrantes, siete de los cuales suscriben un dictamen que propone echarlo.

El texto dice que “la conducta desplegada por el denunciado en cuanto revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público atenta contra los principios y valores básicos que deben caracterizar a la institución y al comportamiento de sus miembros, en donde la conducta basada en los principios éticos y morales que respondan a los valores de transparencia, integridad y honestidad entre otros, hacen al respeto y la confianza que la sociedad deposita en sus representantes y en la institución de la cual forman parte”.

Esa es la posición de los argentinos Jorge Cejas, Cecilia Britto, Julio Sotelo, los representantes de Paraguay Edith Benítez y María Mignarro, el uruguayo Daniel Caggiano y el brasileño Ailindo Chinaglia. El dictamen minoritario, a favor de Pepín, es impulsado por Humberto Benedetto, de Juntos por el Cambio, con apoyo del uruguayo Conrado Rodríguez.

Todo hace suponer que la cuestión será tratada por el pleno en la primera sesión de mayo. Para la expulsión se necesita una mayoría especial.

El ex operador judicial lleva casi 500 días prófugo desde que en diciembre de 2020 se autoexilió en Uruguay, alegando que era un perseguido político. Pero la jueza federal María Servini lo declaró en rebeldía y ordenó su captura nacional e internacional.

Fabián Rodríguez Simón fue una pieza clave en la mesa judicial que orquestó operaciones contra opositores y se valió del espionaje -incluso a funcionarios y dirigentes de Cambiemos- para mantener a raya a quien se atreviera a contradecir los deseos del poder.

Incluso la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó entrecruzar los llamados del celular de Rodríguez Simón para determinar si la judicial ejerció presiones indebidas sobre la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta forzar su renuncia.

Gils Carbó no fue la única víctima de aquel accionar. En el mismo expediente declararon también otros ex magistrados, entre ellos el destituido Eduardo Freiler, y jueces como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

Rodríguez Simón es investigado por “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”.