Acorralada por las pruebas, la mujer de Recoleta acusada por los afiches contra Cristina pide no ir presa

Nilda Lilian Melhem, la mujer de 61 años con pedido de detención por los carteles agraviantes contra Cristina Kirchner, se puso a disposición de la Justicia mediante un escrito en el que destaca que no tiene antecedentes penales.

Ayer, el juez Manuel De Campos había ordenado su captura, después de que un chofer de Uber, Emanuel Montiel, la identificara como la persona que envió el dinero a la imprenta para imprimir los afiches en los que acusaban a la vicepresidenta de “asesina” por priorizar a Rusia como proveedor de vacunas contra el Covid-19.

La mujer, que vive en el porteño barrio de Recoleta, presentó un escrito firmado por ella, con el patrocinio del abogado Matías Cuneo Libarona, en el juzgado de Campos, en el que señala que se sintió aludida por lo que informaron los medios de comunicación y se pone a disposición del juez, sin necesidad de que la detengan.

Asimismo, un adolescente de 17 años, de nombre Lucio y también patrocinado por Cuneo Libarona, presentó otro escrito con su firma y la de su padre, señalando que supo de la causa por los medios de comunicación y que mediante este escrito “concurre a ponerse a entera disposición del juzgado y de la fiscalía” de Leonel Gómez Barbella, que interviene en el caso.

La mujer, según los investigadores, habría escrito en sus redes sociales que su esposo murió hace dos años a causa del Covid-19, lo que la llevó a exteriorizar su odio a través de estos afiches.

“No tengo antecedentes computables penalmente; jamás tuve denuncias en mi contra; vivo desde hace mucho tiempo (exactamente desde 2009) en un inmueble de mi propiedad, sito en la calle Billinghurst [la dirección se excluye], CABA, junto a mi hija Agustina, de 22 años de edad”, dice el escrito firmado por el abogado Matías Cuneo Libarona.

“Tengo infinidad de comprobantes y constancias que acreditan mi arraigo en este país y, específicamente, en esta ciudad. Trabajo y soy el sustento de mi hogar, pese a ostentar la calidad de jubilada, y figurar como monotributista Categoría E. No tengo intenciones de irme del país, ni nada que se le parezca”, reafirma la mujer, para que el juez De Campos no pida detenerla y la cite sin correr el riesgo de dejarla presa.

“Señor Juez, no luce razonable que se disponga una medida restrictiva de libertad sobre mi persona habida cuenta, principalmente, que a través de esta presentación me estoy poniendo a disposición y estoy certificando que pretendo estar a derecho hasta que el hecho que se investiga se aclare, máxime el estado embrionario del sumario”, explica en el escrito con su firma.

Sin mencionar que pide una exención de prisión (donde solicita declarar sin ir presa) la mujer explica en el texto que le pide al juez De Campos: “Revea la decisión que habría ordenado mi detención y la revoque por contrario imperio, sin sustanciación de incidente alguno, por resultar ello innecesario”.

Con la orden de detención, la Policía llegó al domicilio de Melhem pero no la encontró. El juez decidió no allanar el lugar.

Con las pruebas que tiene la Justicia hasta ahora, la impresión de los carteles habría estado a cargo de Francisco Serrano, un empleado infiel de “Vía Graphic” que no volvió a trabajar luego del escándalo, pero le habría confesado la maniobra por teléfono a su ex jefe, según consta en la causa que se inició por una denuncia del publicista Enrique “Pepe” Albistur, cercano al presidente Alberto Fernández.

Serrano tenía que presentarse a declarar ayer ante el fiscal porteño Mauro Tereszko, que tiene otra investigación sobre los afiches, pero pidió una prórroga hasta el viernes a través de un defensor oficial.

Serrano trabajaba en “Vía Graphic” pero antes fue empleado de Latin American Communication SA (LATCOM), bajo las órdenes de Valentín Bueno, un publicista cercano a Juntos por el Cambio.

Los investigadores esperan ahora con atención la declaración de Serrano para empezar a desandar el camino hasta llegar al autor ideológico del escrache contra la vicepresidenta. Hasta ahora no se le secuestró su teléfono. Tampoco lo detuvieron. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió dos veces el arresto, pero la medida fue rechazada por el juez. Sin embargo, De Campos ordenó investigar las llamadas entrantes y salientes de su celular.

Los afiches en cuestión comenzaron a ser visibles en la vía pública días atrás y con la foto de Cristina Kirchner. Contenían frases como “Culpable de 35.000 muertes”, “elegiste negocios con (Vladimir) Putin en lugar de salvar vidas” y la palabra “asesina”. Mostraban, además, un código QR que redirigía a un sitio de publicidades. Las acusaciones apuntan a la relación entre la Argentina y Rusia para el ingreso al país de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

La pista que permitió dar con la señora fue la declaración de un chofer de Uber, que le dijo a las autoridades que había sido contratado para entregar un paquete de dinero al imprentero que realizó la confección de los afiches.

El chofer fue ubicado porque las cámaras captaron su auto, cuando fue entregar al dinero a la imprenta. Se buscaron los datos en el registro de la propiedad automotor y así se allanó su casa. Cuando la policía lo fue a buscar dijo que había sido contratado por la señora y entregó su teléfono celular.

Asimismo, mencionó al chico de 17 años menor de edad de nombre Lucio y que entregó el paquete de dinero al chofer de Uber. Los mensajes de su teléfono permitieron ubicar a su clienta, en la calle Billinghurst.

Esta investigación se inició por la denuncia del ex secretario de Medios Enrique Pepe Albistur, dueño de una empresa de cartelería de vía pública, y amigo de Alberto Fernández, quien dijo que sus pantallas publicitarias fueron tapadas por estos afiches.

Toda la tarea de impresión habría costado unos $ 470.000 pesos y la pegatina en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, habría costado unos $ 90.000.