El juez Ramos Padilla desenmascaró la burda operación sobre la toma de tierras: “Difunden información falsa y maliciosa”

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, desmontó con una resolución la absurda operación desatada por el macrismo y los medios hegemónicos –a la que calificó como “falsa y maliciosa”-, que consistió en adjudicarle al magistrado una especie de legalización de la toma de tierras en el barrio platense de Los Hornos, con el argumento de que “la toma se realizó de día”.

Ramos Padilla explicó que la fiscalía no acusó a nadie, que no hay ningún imputado y que por lo tanto no hay, constitucionalmente, sanción penal alguna. Además, el Estado nacional -propietario del terreno- lo cedió para que se haga una urbanización, mientras existe una mesa de negociación de todas las partes para que el nuevo barrio, en el que viven 200 familias, tenga todos los servicios.

Para el juez fue necesario dictar una resolución aclaratoria, porque los ciudadanos que leen un fallo judicial representan un porcentaje ínfimo de la población. “El resto toma conocimiento a través de los medios de prensa. De allí que me encuentro en la obligación de realizar estas aclaraciones en lenguaje claro, ya que la información que se ha brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable”.

En tal sentido, el magistrado remarcó que la mayoría de esas publicaciones se cimienta en la idea de que la decisión de archivar la causa se fundó en que el ingreso de las familias al predio de Los Hornos se hizo “durante el día”. Esa idea fue luego replicada en múltiples formatos y plataformas.

“Constituye un deber de los jueces no sólo fundar sus resoluciones, sino también hacer públicas las aclaraciones pertinentes cuando, por error o por el interés que sea, se difunde información falsa o inexacta respecto de las decisiones judiciales adoptadas. La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo “durante el día” es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo”, explicó el juez.

Días atrás se difundió la noticia con títulos como que “La Justicia resolvió que la mayor toma de tierras bonaerenses no fue ilegal porque se hizo durante el día”, o “Para el juez Ramos Padilla la mayor toma de tierra de La Plata no es ilegal porque se hizo ´de día´”, entre otros similares.

Y como no podría ser de otra manera, esa burda campaña desató la ira de referentes del macrismo, que se hicieron eco de esa información tergiversada con toda la mala fe.

“La decisión judicial es alarmante y sienta un precedente preocupante. Solicitamos a la Nación y Provincia la inmediata intervención, que apelen la medida y que se avance con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona”, escribió en Twitter Julio Garro, el intendente de La Plata, de Juntos por el Cambio.

También salieron a criticar la decisión judicial otros intendentes bonaerenses de la oposición, como Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

En tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lanzó irresponsablemente: “Una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito. La Argentina necesita justicia de verdad, no fallos con bases partidarias e ideológicas. La ley debe ser justa y clara. Esa es otra de las batallas que vamos a dar”.

Y la furia se completó con un grupo de vecinos de barrios cercanos a este predio, quienes a través de las redes sociales convocaron a una marcha frente a la sede del fuero federal en La Plata para mañana al mediodía.

“Invitamos a marchar en las puertas de los Juzgados Federales en repudio al fallo, de manera pacífica y sin banderías políticas, a toda aquella persona de la ciudad, la provincia y el país que considere que esta toma y cualquier otra, es un delito”, sostienen los indignados vecinos.

La explicación del cierre y archivo de la causa sobre la toma de tierras la reitera el juez: cuando asumió en el juzgado no existía –ni existe hoy– acusación por parte del Ministerio Público Fiscal hacia ninguna persona a quien se le imputara la comisión de un delito. Por el contrario, sólo se encontraba corroborada la existencia de cientos de familias de escasos recursos que viven y ocupan el predio del Estado Nacional que fue cedido parcialmente para llevar adelante un proyecto de urbanización a través de los órganos administrativos pertinentes.

“En cualquier causa penal, los jueces únicamente pueden actuar si existe impulso previo por parte del Ministerio Público Fiscal en el que debe identificarse a quienes se considera responsables de la comisión de algún delito previsto en la ley. Todo ello sin entrar en la discusión y las diferencias que existen entre una ocupación pacífica y una usurpación”, remarcó el juez.

Explicó que la ley vigente únicamente penaliza a quien, para lograr del despojo del inmueble –y no para mantener la posesión–, utiliza “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”, elementos que no se verificaron en la causa.

El magistrado sostuvo que “el horario en que las familias de los asentamientos linderos ingresaron por primera vez al predio nacional, poco o nada tiene que ver con las consideraciones que llevaron a este juez a resolver el archivo de la presente causa. Decir que el fallo otorga una “carta blanca” para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito, es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas y constituyen silogismos reduccionistas”.

“Un desalojo violento de cientos de familias no hubiera resuelto los conflictos que estamos analizando. Procesar penalmente a todas esas familias tampoco es una opción viable; aun cuando, de todos modos, desde un punto de vista estrictamente procesal, ello tampoco se podía hacer porque en ningún momento existió impulso por parte del Ministerio Público Fiscal que habilitara a alguna de estas alternativas”, finalizó el juez.