El “cortesano” Rosatti desafiará a la mismísima Constitución si mañana asume la presidencia del Consejo de la Magistratura

Cumplido este sábado el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para que el Consejo de la Magistratura cambie su conformación y, en consecuencia, lo que sería la nueva proporción entre consejeros técnicos y políticos, ahora únicamente queda esperar el modo que elegirá el máximo tribunal para la transición a partir de mañana.

Si la Corte convocara el lunes a la jura de los consejeros, automáticamente se abriría otra línea de conflicto porque su integración no estaría completa y, por tanto, sus eventuales decisiones, no tendrían legitimidad.

Esta posibilidad de un nuevo conflicto institucional la esbozó el mismo presidente del Consejo, el camarista penal Alberto Lugones, en la última reunión del organismo con su integración de trece miembros.

“El fallo dice que el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) se hará cargo (del Consejo) cuando se produzca la integración conjunta y simultánea. Yo no inventé ese encorsetamiento que se puso la Corte, lo pusieron ellos”, recordó.

Luego mencionó a modo de advertencia que “ni formal ni informalmente se le comunicó a la presidencia que la Corte va a asumir mañana, pero si asumiera sería una especie de intervención”.

El plazo que dispuso la Corte Suprema de Justicia para que el Congreso sancionara una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura el viernes último a la medianoche, y ahora es todo tensión e incertidumbre, ya que no se sabe qué sucederá a partir de mañana.

El fallo del máximo tribunal dictado en diciembre pasado, que había dado 120 días para una nueva ley, llegó a su fin y la vista está puesta precisamente en lo que hará el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Por lo tanto, la pregunta obligada es si el cortesano se atreverá a “tomar por asalto” la jefatura del Consejo de la Magistratura. Desde el kirchnerismo advierten que, de consumar este avance, Rosatti y los jueces del máximo tribunal serán blanco de sendos pedidos de juicio político en el Congreso por avasallar potestades del Poder Legislativo.

La advertencia corrió por cuenta del diputado Leopoldo Moreau, quien tildó a Rosatti de ostentar una “vocación bonapartista” desde que asumió la presidencia del máximo tribunal. “No nos olvidemos que Rosatti ingresó a la Corte por la claraboya, por un decreto del macrismo; después, se votó a sí mismo como presidente y, como si fuera poco, firmó una sentencia para su propio provecho cuando declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura de 2006; lo hizo para asumir el control absoluto del Poder Judicial. Esto lo hace pasible de un pedido de juicio político. Lo merecería, absolutamente”.

Por eso mismo, para el oficialismo, la intención de la Corte Suprema de asumir las riendas del Consejo de la Magistratura constituye, lisa y llanamente, un avasallamiento sobre las atribuciones del Congreso, el encargado de legislar sobre la cuestión.

Hace diez días la mayoría oficialista del Senado dio media sanción al proyecto del Gobierno que establece una nueva integración del Consejo con 17 miembros, aunque sin representación de la Corte Suprema; Juntos por el Cambio votó en contra. Falta todavía la media sanción de la Cámara de Diputados, pero como este trámite no se cumplimentó antes del plazo de 180 días impuesto por la Corte Suprema –que venció el pasado fin de semana-, Rosatti anunció que asumiría la presidencia del Consejo de la Magistratura con su vieja integración de 20 miembros.

“Un verdadero disparate –critica el diputado Moreau-. La Corte pretende que el Congreso legisle bajo extorsión: no solo impone plazos para que ambas cámaras sancionen una ley modificatoria del Consejo de la Magistratura, sino que además advirtió que si no lo hace en tiempo y forma restituirá una ley derogada en 2006 y que asumirá su presidencia. Un verdadero atropello que desconoce el poder soberano del Poder Legislativo para dictar sus leyes”.

En tanto, días atrás, a partir de una presentación que realizó el diputado Marcelo Casaretto, el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, en una medida precautelar, le ordenó al Congreso que no envíe a sus representantes para la nueva conformación del organismo hasta tanto reciba un informe detallado de la Cámara de Diputados y la de Senadores sobre el trámite que le está dando al asunto. Con este fallo como instrumento, el oficialismo busca así frustrar la asunción de Rosatti.

La resolución publicada sorpresivamente en diciembre del año pasado marcaba que el Congreso tendría hasta el 15 de abril de 2022 para aprobar una nueva conformación. Caso contrario, se debía volver a la integración que tuvo lugar hasta el 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.

La actual composición de 13 integrantes fue declarada inconstitucional. El Frente de Todos propuso un Consejo de 17 miembros, algo que avanzó en el Senado, pero quedó trabajo en la Cámara de Diputados.

En línea con la resolución de Alonso, el oficialismo anticipó que, hasta tanto no se resuelva el fondo del asunto, no enviará los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura para completar su integración de 20 miembros.

“La precautelar otorgada por el juez Alonso genera una ventana de oportunidad para encauzar institucionalmente el tema. Y tenemos que aprovecharla”, señaló el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. “Hay que convocar al diálogo político a los líderes opositores y trazar juntos un camino para que podamos dar el debate de la media sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones. Tenemos que trabajar para que haya una nueva ley”, enfatizó.

Para colmo, el juez Alonso abrió este domingo de Pascuas su juzgado para rechazar la apelación del fiscal contra su decisión de impedirle al Congreso que envíe a sus representantes al Consejo de la Magistratura.

El conflicto promete escalar durante la semana. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anticipó que este lunes convocará a los presidentes de los bloques para intentar resolver el entuerto. Mientras, los referentes de Juntos por el Cambio exigirán que Massa y Cristina Kirchner cumplan con el fallo de la Corte Suprema.