Mientras se viven momentos decisivos para el futuro de la cerealera Vicentin. en el gobierno nacional están puliendo los detalles de una nueva estrategia para que el Estado tenga participación en el holding que cayó en default, que hace más de dos años atraviesa un largo concurso y que, según los directivos de la empresa, estaba a punto de culminar con la aceptación de una gran mayoría de acreedores de la última propuesta.
En medio de los cruces con el Gobierno por una posible creación de una empresa de alimentos para el manejo del mercado de granos, la agropexportadora presentó un recurso ante la Suprema Corte de Santa Fe de revocación del decreto que el pasado 16 de junio firmó el cuerpo, por el cual se procedió a la suspensión del concurso de acreedores, y el estudio correspondiente de las actuaciones realizadas por el juez Fabián Lorenzini.
Un sorpresivo per saltum redactado por el presidente del máximo tribunal santafecino, Rafael Gutiérrez, pidió que se le entregue el expediente del concurso que se tramitaba en el juzgado de Reconquista, suspendiendo los plazos, dio un giro inesperado a la situación.
En medio de la polémica que en su momento generó Alberto Fernández por la posibilidad de intervenir Vicentin y tras la suspensión de su concurso preventivo que ordenó la Corte de Santa Fe, la cerealera, que acumula una deuda superior a 1570 millones de dólares, le pidió al máximo tribunal de Justicia provincial que dé marcha atrás con esa decisión y solicitó la “inmediata devolución” del expediente al juez de primera instancia que lo llevaba, Fabián Lorenzini. De lo contrario, la empresa advirtió que la Corte santafesina “provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social”.
Además de objetar a la Corte, la agroexportadora del norte santafesino salió con los tapones de punta y acusó a Commodities S.A., el acreedor que le pidió a la Corte la intervención del concurso, de querer hacer fracasar un “inminente acuerdo” para reestructurar la deuda, que, según Vicentin, ya cuenta con “un amplio consenso”.
Por un lado, le dio oxígeno al grupo Grassi que junto a los directivos del diario La Capital, trazaron un plan para quedarse con la agroexportadora. Y por otro, Por el otro, dejó abierta la posibilidad para que el Estado haga pie en el sector que representa el principal ingreso de divisas en el país.
Días atrás, el presidente Alberto Fernández reconoció en una entrevista a Página/12 que se evalúan nuevas estrategias a partir de la decisión del presidente de la Corte provincial: “Retrocedí de la estatización, pero seguimos trabajando la alternativa del cramdown (que los acreedores presenten una propuesta de salvataje) y ahora hay un escenario donde, tal vez, podamos hacer algo”, dijo el mandatario.
En el gobierno de Santa Fe sospechan que detrás de la decisión de Gutiérrez de pedir el expediente y frenar el concurso, estuvo el flamante interventor de la AFI, el santafesino Agustín Rossi, aliado al senador Armando Traferri quien a su vez tiene un vínculo estrecho con el presidente de la Corte local. Rossi, como arquitecto del plan, le acercó la propuesta al presidente.
A partir de allí, el tema entró en evaluación en la mesa chica de Casa Rosada integrada por la diputada Victoria Toloza Paz, Wado de Pedro y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos. No descartan que el anuncio oficial lo haga el ministro de Producción, Daniel Scioli.
La participación de Olmos es importante, no solo porque es uno de los hombres de mayor confianza con el presidente, sino también porque fue el encargado de desactivar la bronca que se generó en el sector agrícola en el fallido intento de estatización en junio de 2020.