Un año después de que se revelara el envío de armas y municiones para apoyar el golpe contra Evo Morales en Bolivia, la justicia argentina acumula pruebas del contrabando que salpica a los escalones más altos del gobierno de Mauricio Macri.
Los gendarmes citados a prestar testimonio dijeron, en todos los casos, que nunca usaron las balas para entrenarse –como se había intentado instalar para justificar el faltante–, y desde el país vecino se confirmó oficialmente que los pertrechos estaban en poder de la Fuerza Aérea y de la Policía local.
Según precisa Página/12, el juez de la causa espera el testimonio del comandante del contingente que trasladó los cartuchos de goma y las granadas que terminaron en poder de las fuerzas golpistas.
Alejandro Catania –el magistrado a cargo del expediente que tiene como principal imputado a Macri– citó para este miércoles a Martín Hidalgo, quien estuvo a cargo del primer contingente de gendarmes que viajaron hacia Bolivia en la noche del 12 de noviembre de 2019 –cuando el golpe contra Evo ya era un hecho–.
La expectativa con la declaración de Hidalgo es alta porque, por su jerarquía, podría tener información acerca de cómo se gestó la decisión de llevar material represivo para que quedara en manos de las fuerzas bolivianas.
Hasta ahora, Catania escuchó a los gendarmes de los tres grupos que estuvieron destinados a La Paz. En todos los casos, dijeron que no hubo entrenamientos con las balas 12/70 –que había sido el argumento que dio un jefe de la Gendarmería para explicar el faltante de 70.000 cartuchos–. Esos pertrechos no iban a ser llevados por los integrantes del grupo “Alacrán”, pero hubo un pedido de la Gendarmería a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacarlos como complemento. La solicitud se tramitó mientras en la Casa Rosada había una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad en el despacho del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña. En el encuentro también participaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El jueves pasado, Catania le tomó declaración al gendarme Ramón Padilla, que fue quien fue a buscar las balas 12/70 desde Campo de Mayo al depósito de Gendarmería. “Fui ordenado a retirar munición 12/70 AT como encargado de Sala de Armas para llevar a las Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional Argentina”, dijo.
Cuando le preguntaron quién le había dado la orden, señaló al entonces jefe de los alacranes, Fabián Salas. Según Padilla, la directiva de ir a recoger las cajas con las balas fue temprano en la mañana del 12 de noviembre de 2019. “Eran 70.000 tiros en cajas de 450 tiros. Dentro de esas cajas de 450 tiros, había cajas de 25 tiros”, precisó. Según relató el gendarme, era un palet con cajas blancas con la inscripción de Fabricaciones Militares.
Hay otro dato adicional que abona a la teoría de la “anormalidad”: para la misma fecha, el gobierno de Macri mandó un contingente de gendarmes a proteger la embajada de Chile, que no llevó ni esa cantidad de material represivo ni viajó a bordo de un Hércules de la Fuerza Aérea, sino que lo hizo por avión de línea.
A un año de que el gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri por contrabando agravado, en la causa, el fiscal Claudio Navas Rial imputó, entre otros, al ex presidente, a Marcos Peña, a Patricia Bullrich, al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, al ex canciller, Jorge Faurie, al ex embajador Normando Álvarez García, y al ex jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero.
Desde entonces, la justicia ha estado acumulando pruebas y tomando declaración a los gendarmes. Por el momento, no hubo llamado a indagatoria para nadie: ni para los políticos ni para los integrantes de la fuerza de seguridad.
En los tribunales remarcan que se está analizando toda la documentación que mandó Bolivia, que confirma que las balas fueron recibidas allí y que no fueron con el destino que se declaró –que era proteger la embajada o la residencia del embajador–. La documentación, que había sido requerida por el juzgado y la fiscalía, llegó hace menos de dos meses.
“Hace un año denunciamos a Macri y su gobierno por uno de los hechos más nefastos de nuestra historia democrática reciente: el contrabando agravado de armamento con el cual su gobierno colaboró con el golpe de Estado en Bolivia. No solo atentaron contra la democracia de un país hermano, poniendo en jaque la dignidad de nuestra patria, también fueron cómplices de masacres y de crímenes de lesa humanidad que se investigan en ese país”, dice el ministro de Justicia Martín Soria, denunciante junto con la ex ministra Sabina Frederic y la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont.
“En la causa que aquí tramita en el fuero penal económico por ese contrabando se siguen acumulando pruebas que acreditan la participación de Macri y de la cúpula de su gobierno”, sostiene Soria.
Tanto Macri como sus entonces ministros no reconocieron jamás al golpe de Estado que se cometió contra Evo Morales. Incluso sus funcionarios, sobre todo el canciller Faurie que pocos días después del golpe se sumó a la estrategia de la OEA, promotora y acompañante de las maniobras desestabilizadoras, al sostener que “había una situación de fraude previa que la OEA había dicho, en una auditoría, que se cometieron todo tipo de anomalías”. Luego afirmó que “quieren dar la impresión de un golpe de Estado que no es tal”.