Cristina lanzó el debate, y la implementación de un Salario Básico Universal podría ser una realidad

Bastó que Cristina Kirchner reinstalara hace 15 días desde Ensenada el reclamo para impulsar la puesta en marcha de un Salario Básico Universal (SBU), para que esa cuestión se trasladara al debate público y que, ahora, empiece también a cobrar forma en el Senado. Tanto, que bien podría convertirse en el eje que guiará la agenda legislativa en el Congreso una vez que finalice el receso invernal.

En esa oportunidad, la vicepresidenta pidió “empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico” que sea administrado por el Estado, y que “no dependa del favor de nadie”, tal como sucede con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan llegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, ¿por qué reciben solamente un ingreso extra 1.345.000 (trabajadores) y no los 7 millones? Esta es la pregunta que nadie me puede responder”, expresó CFK.

“¿Le negarías a alguien el derecho a comer?”, se puede leer en los carteles con los cuales organizaciones sociales cercanas al oficialismo empapelaron el centro de la Ciudad de Buenos Aires y en algunas localidades del Conurbano.

No solo es la bandera que encabeza el pliego de demandas de las organizaciones sociales como el MTE que lidera Juan Grabois o la Corriente Clasista y Combativa, y la CTA, sino que la propia vicepresidenta ha decidido tomar la posta del reclamo.

Justamente, en la última semana, Cristina convocó a senadores de su entorno para comenzar a trabajar el tema, y se espera que la Cámara alta presente también su propio proyecto.

Hasta el momento, la única iniciativa existente lleva la firma del diputado de Patria Grande Itai Hagman, la cual propone un piso de ingresos equivalente a la canasta básica alimentaria (hoy $ 14.400) para un universo de 7,5 millones de personas, compuesto principalmente por trabajadores informales o personas en situaciones de vulnerabilidad.

Por estos días, tanto Hagman como otras figuras de Patria Grande han estado asesorando a la senadora oficialista Juliana Di Tullio y otros legisladores senadores que están trabajando en la redacción de un nuevo proyecto. La expectativa es que, de comenzar a tratarse primero en el Senado, tendría un mayor impacto político y serviría al mismo tiempo, para ordenar el frente interno.

“Hay que dar una solución a los que no tienen nada de nada. Si hay voluntad política, se encuentra la forma de reasignar los recursos. El proyecto que está en el Congreso puede ser mejorable, discutible, inclusive puede ser otro, pero algo hay que hacer. Tampoco es la única opción: si se lleva a la calle el debate y gana consenso social, está la herramienta del decreto. No se puede simplemente decir: no es el momento”, sintetizan el planteo desde La Cámpora, que en este momento trabaja en un proyecto de financiamiento

Esa postura fue en respuesta a los dichos de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y de la ministra de Economía, Silvina Batakis, quienes sobre este tema aclararon que “por ahora no dan las cuentas”, y que “es un tema a debatir, pero no está resuelto en países más desarrollados”, dejando así en claro que el SBU no es una opción cercana en el esquema económico de Gobierno.

Los datos del INDEC muestran que el costo de la Canasta Básica Total, que mide la línea de pobreza, se disparó 6,2 % en abril, por encima de la inflación general, por lo que una familia de dos adultos y dos niños necesitó $ 95.260,37 para no ser considerada pobre. En el caso de los sectores populares, el aumento fue mayor: la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, fue de 6,7% en abril, por lo que una familia necesitó $ 42.526,96 para no ser indigente.

Por eso mismo, quienes impulsan el Salario Básico Universal sostienen que no hay tiempo que perder, teniendo en cuenta que el objetivo apunta a terminar con la indigencia en Argentina. Los siete millones de personas que solicitaron el IFE durante la pandemia y quienes volvieron a pedirlo este último mes con el llamado refuerzo de ingresos, pone sobre la mesa una realidad que muchos se niegan a reconocer: hay al menos siete millones de compatriotas que están desprotegidos en términos de ingresos.