La operación montada ayer por aquellos que se consideran los dueños de “el campo”, fue un fracaso por donde se lo mire: además de haber sido casi nulo el alcance de la insólita medida de fuerza en cuanto a la no comercialización de productos agrícolas, ni siquiera el acto central en Gualeguaychú, con los titulares de las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace, logró una adhesión de no más de un centenar de chacareros en sus lujosas 4×4 y dirigentes de Juntos por el Cambio.
Así, la protesta no tuvo más repercusión que el apoyo de los opositores al gobierno, por lo que terminó de darle el color partidario y pre-electoral que ya dejaba entrever en el tono y la oportunidad del llamado al lockout.
Es más, esta medida impulsada por los patrones de la pampa húmeda, esta vez ni siquiera logró el respaldo de los productores agropecuarios, entre los cuales se escucharon críticas a la actitud de los dirigentes de la Mesa, y expresiones a favor de canalizar los reclamos al Gobierno por otras vías.
Presentada en los días previos como una gran movilización, en la práctica no se vislumbraron grandes concentraciones a la vera de las rutas ni en el acto central en Gualeguaychú, y no hubo impacto perceptible en las operaciones de comercialización de granos y hacienda.
La proclama consensuada por las cuatro entidades (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria) puso el acento en la demanda de un “urgente cambio de rumbo” y el reiterado “rechazo al intervencionismo estatal arbitrario y discrecional”, como definen a toda acción del Estado que no responda directamente a sus propios intereses y demandas.
El documento leído durante el acto, apeló a una invocación inicial a “la lucha del 2008” y a “los actos multitudinarios que marcaron la gesta de la derogación legislativa de la Resolución 125” de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas. Pero, claro, ayer el escenario fue muy distinto, y la adhesión a la jornada de protesta, también.
La característica común a todas estas concentraciones es que el número de concurrentes no superó el centenar. El rasgo distintivo fue que sólo en Gualeguaychú se planteó una proclama abiertamente cuestionadora de la democracia representativa. Un alineamiento ideológico y partidario que, esta vez, no consiguió encuadrar detrás de sí a los productores que las cuatro entidades de la Mesa de Enlace todavía dicen representar.
Mientras, distintos referentes de Juntos por el Cambio, de los diferentes espacios que conforman la alianza, dieron su apoyo al lockout patronal, con la idea de hacer campaña contra el Gobierno y sumar un granito de arena más para la construcción electoral del año próximo.
La foto de la unidad en Gualeguaychú la protagonizaron Diego Santilli, por Buenos Aires, Rogelio Frigeriol y Alfredo De Angeli, por Entre Ríos, y Carolina Losada por Santa Fe.
El cuarteto se sacó una foto sonriente junto a Nicolás Pino, presidente de la SRA que, en declaraciones a LN+ cuestionó el desdoblamiento del dólar e intentó asegurar que “si acá algo no estamos haciendo es política partidista”.
Mientras, concluido el lockout político de los ruralistas, la pelea económica de fondos se mantiene inalterable: la presión por una mayor devaluación de la moneda y suba del dólar. En esa contienda, productores y exportadores granos se presentan hermanados en su accionar para forzar una suba en el precio de la divisa y así abultar aún más sus márgenes a través de un fuerte acopio de la cosecha que mantienen en silobolsas.
Se estima que restan de la campaña 2021-2022 unos 20 millones de toneladas sin liquidar en el mercado de cambios, lo que tensiona el nivel de reservas, buscando forzar la tan ansiada devaluación.
El menú de opciones que se le presenta al Gobierno en las actuales instancias se encuentra condicionado por varios factores, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la imposibilidad del Ejecutivo de plantarse ante estas maniobras especulativas.
Las alternativas que se presentan van desde abrir una nueva “ventana” de rebaja de retenciones para acelerar la liquidación, cortarle el crédito comercial a quienes no cumplan con un umbral de liquidación razonable y hasta encarar una política de compra directa a los productores por parte del Estado.
Es sabido que la opción de una devaluación a los niveles sobre los que pivotea el pedido agropecuario derramaría en un daño al resto de la economía, con aceleración inflacionaria y mayor pauperización de los salarios.