Soterramiento del Sarmiento: irregularidades en la obra por la que Macri pagó 759 millones de dólares y paralizó a los dos años

Cristina Kirchner apuntó ayer contra lo que consideró que los fiscales se niegan a investigar, con el objetivo de “proteger a los que verdaderamente roban en el país” y, en ese tono, recordó que durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri se firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para otorgarle 45 mil millones de pesos al soterramiento del Sarmiento, obra en la que su primo Ángelo Calcaterra estaba como parte del grupo de empresas licitadas.

Durante su descargo en el marco de la causa Vialidad, después de la negativa del Tribunal de ampliar su declaración, la vicepresidenta señaló que esa obra debía tener financiamiento del consorcio de empresas IECSA -empresa que Calcaterra le compró a la familia del ex presidente en 2007-, Comsa (España), Ghella (Italia) y Odebrecht, de Brasil.

Mediante el DNU del 16 de junio de 2016 firmado por la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti (supuestamente, por el conflicto de intereses que representaba la firma presidencial), el Gobierno de Cambiemos ordenó reanudar la obra y asignó los fondos a ser pagados a la unión transitoria de empresas IECSA-Odebrecht-Ghella-Comsa. Eran tiempos en los que, con un alto nivel de cinismo e hipocresía, levantaban la bandera de la ética y la honestidad.

Sin embargo, con ese decreto se disponía el otorgamiento de fondos estatales por $ 45.000 millones (3.000 millones de dólares en ese momento) por toda la obra y, antes de fin de año, el Estado desembolsó 30,2 millones de dólares a favor del consorcio conformado por la constructora brasileña Odebrecht, la argentina IECSA —vendida por los Macri a Calcaterra en 2007—, la española Comsa y la italiana Ghella.

Pero tan solo dos años después, y tras varios desembolsos que están siendo auditados por el Gobierno nacional, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich paralizó las obras por decreto, cuando la tuneladora había avanzado de Haedo hasta el barrio porteño de Villa Luro, con menos del 30 % de la obra ejecutada.

En marzo de 2017, meses después del giro millonario, el primo de Macri vendió IECSA al entonces dueño de Edenor, Marcelo Midlin. “Nunca lo creí, pero así está la Argentina”, dijo Cristina en su exposición.

Desde 2007, Ghella es socia de Ángelo Calcaterra en la conformación del Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios), en el que quedaron integradas las dos firmas líderes del sector que el primo del ex presidente,había adquirido el año anterior: Iecsa y CreUrban.

Una investigación asegura que todo el grupo empresario pasó a manos de Calcaterra, quien no habría perdido el vínculo con el grupo Macri y que, por lo tanto, se benefició de decisiones que tomaba el Poder Ejecutivo apurando la realización de obras en las que participaba. Los $ 45 mil millones asignados a la obra, representó el mayor desembolso decidido por el gobierno nacional para una sola obra pública.

La causa principal por presuntas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento nació el 16 de marzo de 2016, por una denuncia de Graciela Ocaña derivada del Lava Jato de Brasil.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi escribió que “se encuentra corroborada la hipótesis” de que los funcionarios que intervinieron en la adjudicación de la obra tuvieron “un interés particular para beneficiar a IECSA-Comsa-Constructora Norberto Odebrecht-Ghella”. Entre las “readecuaciones” más groseras, el magistrado señaló que el proyecto original preveía el soterramiento del Sarmiento desde Liniers a Caballito, dentro de CABA, y mejoras, puentes, túneles y pasos a nivel en el tramo entre Liniers a Moreno, del lado de Provincia. Esa idea fue reemplazada por el proyecto de soterramiento de toda la extensión, pero no se llamó a una nueva licitación como hubiera correspondido, señaló Martínez de Giorgi.

El ímpetu del Ejecutivo de Cambiemos duró poco, pero costó centenares de millones de dólares. En diciembre de 2018, cuando la orden del propio Dietrich determinó la paralización de la obra, el Estado llevaba gastados 747 millones de dólares, con la particularidad de que dos tercios de ellos fueron desembolsados en los meses previos a la suspensión.

Al año siguiente, el Gobierno de Macri pagó un saldo de 12,5 millones de dólares, de acuerdo a la respuesta dada por el Ministerio de Transporte a un pedido de información pública.

El hecho es que el nombre de las empresas que recibieron los pagos y el foco en el vertiginoso 2018 profundizan los múltiples interrogantes que despierta una de las obras con sospechas de corrupción más fundadas en las últimas décadas.

Consultoras creadas ad hoc para recibir fondos, testimonios de arrepentidos en Brasil, cuentas offshore en Andorra y Uruguay y licitaciones hechas a medida constituyen un cuerpo de pruebas que brinda varias certezas. En un expediente poblado por extravagancias y dilaciones, Julio De Vido, Ricardo Jaime, José López, Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta fueron procesados por un tipo penal leve —incompatibilidad con la función pública— establecido por el juez Martínez de Giorgi y luego desprocesados por la sala 2 de la Cámara Federal.

Sin embargo, el ojo de la Justicia no se posó sobre funcionarios del Ejecutivo de Macri que validaron las decisiones de sus predecesores. A ello se suma una perla muy propia de Comodoro Py: habría coimas sin pagadores, porque los empresarios del consorcio nunca fueron siquiera procesados