Mientras desde el oficialismo insisten en que se debe acabar con los discursos de odio que en cierta medida desencadenaron en el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, curiosamente ahora el Gobierno nacional aclaró que no está impulsando una ley contra ese tipo de mensajes, al considerar que ya existen legislaciones vigentes que no se aplican.
Así lo dijo esta mañana la portavoz presidencial Gabriela Cerruti: “No hay ningún proyecto que se esté analizando, la verdad es que se lo dije a todos los que me lo preguntaron, pero los medios se realimentan de cosas que quieren decir”, dijo.
En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria contó que desde hace tiempo se discuten acerca de los mensajes que incitan a la violencia y que el debate se profundizó en los últimos días por el atentado que sufrió Cristina Kirchner en su casa de Recoleta, donde un hombre le gatilló dos veces cuando saludaba militantes.
“Hay legislación en la Argentina que pena como la ley de la defensa de la democracia en los 80 hasta el Código Penal que incluye la incitación a la violencia y la persecución política. La ley de género incluye la violencia simbólica o política y la ley de medios que. pese a que Macri bajó artículos con decretos, siguen vigentes aquellos que aplican la sanción económica o de otro tipo a los medios que propicien la incitación a la violencia por política”, indicó Cerruti.
“No es que no se puede debatir, discutir, o que no se puede investigar o denunciar; hay límites que se cruzan y algunos medios que lo cruzan muy seguido”, argumentó la portavoz al tiempo que enfatizó en decir que los “discursos de odio no son solamente que parece que lo dicen con odio. son también informaciones falsas que crean un clima, que hacen que la gente en vez de vivir feliz, en armonía, odie”, agregó.
No deja de llamar la atención la postura transmitida oficialmente por el Gobierno, teniendo en cuenta que la cuestión había empezado a cobrar tanta centralidad, al coincidirse en que esos mensajes, de hecho, fueron un caldo de cultivo para que un sujeto estuviera a punto de cometer un magnicidio, que la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, convocó al Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias para iniciar la redacción de un proyecto de ley contra esos discursos públicos, para que sea debatido en el Congreso de la Nación.
Así, mientras avanzan las investigaciones judiciales en torno al atentado, se fue acentuando en los últimos días el debate en torno a la necesidad de una ley que regule los “discursos del odio”, pero que ahora el Gobierno parece desestimar.
Quien también había salido a impulsar alguna legislación al respecto fue el diputado Eduardo Valdés, que reconoció que el bloque del Frente de Todos “está armando una ‘ley Micaela contra el odio’”.
“Creo que hay que trabajar sobre eso desde las conciencias. Y espero que mi proyecto lo firmemos oficialistas y opositores”, reveló el legislador. “Todos tenemos que capacitarnos contra el odio que nos quieren ir poniendo los tiempos mediáticos, los tiempos judiciales. Fomentadores de odio hay en todos lados”, agregó.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, en abril de 2017.
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que “no son discursos de odio, es odio, destilan odio y lo expresan a través del discurso, el odio tiene muchas manifestaciones” por lo que “nuestra fuerza política, el campo popular y las fuerzas que creen que hacer política es discutir propuestas tenemos que fortalecernos y redoblar los esfuerzos”.
Hasta esta evidente nueva marcha atrás por parte del Gobierno, y tal como era de imaginarse, se encendieron las alarmas de referentes del macrismo y, como no podía ser de otra manera, de los medios hegemónicos, que salieron a hablar de intento de censura y de la búsqueda de una “ley Mordaza”, para silenciar voces críticas al Gobierno.
Uno de ellos fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien esta mañana acusó al kirchnerismo de que “con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia y de la oposición, lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir”.
“Me preocupa mucho que intenten avanzar contra la prensa y contra la libertad de expresarse libremente de todos los argentinos, porque con la excusa de esta ley pueden supervisar también lo que se diga en redes sociales”, y pidió por “más libertad” en vez de “la censura y de la ley mordaza”.
En esa misma línea, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, aseguró que desde Juntos por el Cambio “no vamos a habilitar que este atentado permita leyes como como la ‘ley anti odio’ o una nueva ‘Ley de medios’ o un avance sobre el poder Judicial”.
Mientras, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, se preguntó: “¿Quieren justicia o quieren impunidad? ¿Les preocupan los ‘discurso del odio’ o quieren callar a los que piensan diferente?”.
Y con un libreto uniforme, tanto la oposición como los grandes medios, sólo se encargaron de volver a demonizar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a propósito de la llamada “ley Mordaza” que rige en ese país, pero se cuidaron de recordar que, en su momento, la canciller alemana, Angela Merkel, impulsó una legislación “contra el discurso extremista” durante una recordada presentación ante el Parlamento alemán, donde sostuvo que “la libertad de expresión tiene sus límites, que empiezan cuando se propaga el odio”.
Poco después, se aprobó una ley que penaliza a portales de medios sociales si no retiran rápidamente contenido ilegal, como mensajes de odio y noticias falsas difamatorias.