En un vergonzoso fallo que no hace más que seguir revelando con toda crudeza los intereses del llamado máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema autorizó a uno de sus cuatro integrantes, Carlos Rosenkrantz, a intervenir en alguna causa que involucre al Grupo Clarín, a pesar de su condición de ex abogado del conglomerado de medios que conduce Héctor Magnetto.
De esta manera, los tres cortesanos restantes, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dieron vía libre a una decisión a todas luces ilegal, por lo que se pone en evidencia, una vez más, que la Corte prioriza los designios de Clarín por sobre la Constitución y las leyes.
Tal como en su momento lo reveló El Destape, Rosenkrantz ya firmó 25 fallos que involucran a ex clientes suyos. Con esta luz verde que le otorgaron sus compañeros, ahora con el Grupo Clarín serán 26.
El objetivo es más que evidente: garantizar las ganancias extraordinarias de Telecom y Cablevisión Holding, firmas con las que controlan Cablevisión, Fibertel y Personal, el eje de sus negocios con los que en los últimos 3 años ya repartieron más de 400 millones de dólares en dividendos entre sus accionistas.
Esta vez, la cuestión de fondo es el decreto 690 que el presidente Alberto Fernández rubricó el 21 de agosto de 2020, que establece que los servicios de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado.
Como no podría ser de otra manera, el Grupo Clarín judicializó ese decreto, porque no quiere control sobre sus tarifas de cable, internet y celular. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y en abril de 2021 logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) apeló el fallo, pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte.
El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso. Eso fue el 25 de junio de 2021. Sin embargo, la Corte cajoneó el expediente durante todo este tiempo, y el propio presidente Fernández describió la demora de en tratar este tema como un “un acto de complicidad judicial con el poder económico real”.
Ahora, la Corte lo único que hizo fue avalar que Rosenkrantz intervenga de forma irregular en el caso. Lo que había pedido el Gobierno, es que el juez se excuse de intervenir en esta causa, por su condición de ex abogado del holding. Pero el máximo tribunal rechazó ese planteo para beneficiar al Grupo Clarín.