Chats en el Lago Escondido: Clarín y La Nación salieron a bancar a la justicia corrupta que los protege

Por Eduardo D’Argenio.- Si hay algo que volvió a poner blanco sobre negro en torno a los chats entre jueces, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, jefes del Grupo Clarín y personal de los servicios de inteligencia es, cómo para los medios de comunicación hegemónicos, resulta más preocupante que se hayan filtrado los mensajes que el siniestro contenido de los mismos.

Es que, ante la contundencia de las pruebas, resulta más que obvio que responderían como responden: tirar la pelota hacia un costado, y fijar únicamente la atención en la ilegalidad de la difusión de los diálogos que se conocieron el último fin de semana. Todo sea por proteger y blindar al poder real, bajo la atenta mirada de un tal Mauricio Macri.

En otras palabras, la estrategia montada por esos medios apunta en invertir la carga de la prueba, trasladando al contrincante (o sea, el kirchnerismo) la obligación de justificar, en lugar de aportar razones para defender lo propio.

En esa lógica perversa, jamás se refirieron al contenido de los chats autoincriminantes de funcionarios judiciales y de Juntos por el Cambio, y mucho menos desde ya, a la participación de la patronal del Grupo Clarín en esa excursión al sur, más precisamente a la mansión del magnate inglés Joe Lewis en el Lago Escondido, y el posterior chat de Telegram creado para urdir tácticas de ocultamiento de aquel viaje.

Quedó demostrado, además, que los medios se vieron sorprendidos por el mensaje de Alberto Fernández por cadena nacional, para explicar la postura del Gobierno frente al escándalo denominado “Patagonialeaks”.

Hasta ese momento ningún medio perteneciente al Grupo Clarín, al igual que La Nación e Infobae, había explicado nada acerca de los chats que incriminan a poderosos miembros del Poder Judicial junto a representantes del grupo mediático viajando en jets privados y helicópteros pagados por la empresa de comunicación, buscando ocultar cualquier conexión que los implicase en el delito de recepción de dádivas.

El escándalo que trascendió el domingo, pero que se había iniciado en octubre con aquel viaje de dos días a la Patagonia, y que había trascendido públicamente a partir de dos representantes del Frente de Todos de Bariloche que observaron la llegada de los implicados en el avión privado, nunca fue cubierto por los principales medios corporativos, por lo que la cadena nacional del presidente los obligó, muy a su pesar, a tener que hacer algún tipo de alusión al tema.

Uno de los puntos que destacaron acerca de la filtración de estos chats que comprueban hechos delictivos por parte de funcionarios judiciales, políticos, y mediáticos, fue la cercanía en el tiempo con el fallo que se conocerá en las próximas horas sobre la causa Vialidad, que implica a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En definitiva, la línea que bajaron es que se trata de una operación política urdida para el kirchnerismo, con el único objetivo de bajarle el precio a lo ya informaron como una certeza, y es la condena que, según esos medios, ya saben caerá sobre CFK.

Hoy Ricardo Kirschbaum, secretario general de Redacción de Clarín, escribió un editorial que, bajo el título “Alberto Fernández convalida el espionaje ilegal”, sostiene que el presidente “colocó en nivel de cuestiones o preocupaciones de Estado al viaje de un grupo de jueces, dos funcionarios porteños y empresarios a Bariloche. Se lo notó incómodo y se entiende: fue forzado a asumir como propia una denuncia del cristinismo ante el dramático desenlace del juicio a Vialidad, que desnuda como pocos los negociados del kirchnerismo con la obra pública. Lo sacaron de la galera: el viaje había sido en octubre”.

Y algo más: “La nueva embestida contra jueces y el grupo de medios que Fernández no identificó pero que claramente alude a la empresa editora de Clarín, está en sintonía con las habituales operaciones de Cristina. En su discurso, el Presidente ordenó avanzar en varios frentes con la denuncia, desde el financiamiento del viaje y la conducta de los jueces hasta el juicio político a los funcionarios de la Ciudad. Olvidó un detalle: investigar quién y cuándo hizo el hackeo que él mismo reconoce ilegal”.

Por su parte, Fernán Saguier, director de La Nación, nos alerta con que “Desde ayer, está en peligro la intimidad de todos”, y se pregunta: “¿Qué otra cosa ha hecho Alberto Fernández más que legitimar el accionar de un delincuente informático, es decir, avalar un delito, y meter de narices a todo el país en un intercambio privado entre personas?”.

Y agrega que “ahora lo sabemos: ya ni lo más íntimo nos pertenece. Ahora cualquiera de nuestras opiniones o cualquiera de nuestros sentimientos pueden terminar en boca de todos lanzados alegre e impunemente desde el atril presidencial por cadena nacional para el país entero”.

Y mientras estas figuras del periodismo vernáculo se rasgan las vestiduras y ponen el grito en el cielo denunciando la ilegalidad de la maniobra, no hacen más que exteriorizar la hipocresía que los caracteriza: entre enero y marzo de 2017, se dedicaron a difundir los diálogos telefónicos entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

Dicho sea de paso, hay que recordar que aquellas conversaciones intrascendentes habían sido “encontradas” por Luis Majul una tarde de domingo mientras corría por los bosques de Palermo.

Y uno de los más patéticos y bochornosos ejemplos fue aquella fenomenal opereta de los cuadernos quemados que resucitaron de las cenizas. De ahí que genera vergüenza esta nueva manifestación de la degradación periodística tratando de ocultar, minimizar o tergiversar los audios.