El Gobierno presenta este miércoles en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, que obtuvo el apoyo de -por el momento- 11 gobernadores. El trámite se iniciará en sesiones extraordinarias en la comisión de Juicio Político, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia.
En la Casa Rosada estaban conformes con el nivel de respaldo más allá de, como se esperaba, fueron menos de aquellos 14 mandatarios que días atrás habían firmado el comunicado contra el fallo de la Corte que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables. “Se trata de algo que no tiene antecedentes en la historia, la decisión de un presidente y de provincias acompañando”, graficó el gobernador bonaerense Axel Kicillof la importancia de la medida.
El Ejecutivo ya adelantó que será incluido en la convocatoria a extraordinarias, por lo que entonces podrá reunirse la comisión de Juicio Político y aprobar la verosimilitud de la acusación. Allí se abrirá la etapa probatoria -incluye la recopilación de pruebas documentales, testimoniales y medidas como inspección ocular, en caso de ser necesario- y el derecho a defensa que le corresponde a los cuatro jueces acusados.
Una vez concluido el trámite -que demandará unos 60 días-, se emite un dictamen que se aprueba por mayoría simple y se envía al recinto para su aprobación. Ya en esa instancia, serán necesarios los dos tercios para que se apruebe y se inicie el juicio político propiamente dicho en la Cámara de Senadores.
El pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, es por “mal desempeño” de sus funciones, previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional; al igual que para los otros ministros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque con distintos grados de responsabilidad.
En la presentación, se denuncia “una situación anómala” de uno de los poderes del Estado, que “arbitrariamente” invade “las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno”. Por otra parte, se alude a la postura de la Corte respecto al Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, acusaron a los magistrados de asestar un “grave ataque” al “sistema federal de nuestro país” con la sentencia favorable a la Ciudad de Buenos Aires respecto a la coparticipación federal, a la que definieron como “arbitraria”.
Este fallo, señalaron, “pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. A su vez, en la denuncia se alertó sobre la filtración de presuntos chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de Rosatti, Silvio Robles.
Sobre estas presuntas filtraciones, la denuncia alertó que “existe una espuria convivencia” entre el alto tribunal y supuestos fallos que “explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”. Poco después de que se conociera este texto, D’Alessandro anunció que dejará su cargo provisoriamente y que le había pedido una licencia por 60 días al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Por otra parte, respecto al fallo de la Coparticipación, se señaló que la ley N° 26.854 sobre Medidas Cautelares dispone en su artículo 9 que los “jueces no podrán dictar ninguna” de estas decisiones “que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado”. Para los denunciantes, “no obstante, fue lo que ha ocurrido en el caso en cuestión”.
“Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal”, señaló la presentación, que luego afirmó que el máximo tribunal “privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país”.