Tal como era de esperarse, una vez más los jueces que sin ningún disimulo responden al macrismo, fueron más que benévolos contra el líder y otros tres miembros de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, en el marco de la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Así lo dispuso hoy la Cámara Federal porteña, al confirmar los procesamientos sin prisión preventiva de Jonathan Morel, referente del grupo, como así también de Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile.
En su resolución, el tribunal cambió la figura penal a “incitación a la violencia colectiva”, en contra del planteo de la querella de CFK, que señala desde hace meses que se trató de una “asociación ilícita”.
En ese sentido, los abogados de Cristina que buscaron que a los imputados se los acusara por el delito de tratar de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que contemplaba un castigo de hasta 8 años de prisión. Con este fallo, además, el embargo, que era de 9 millones de pesos, quedó reducido a 4 millones.
Este jueves, la Cámara confirmó “parcialmente” los procesamientos dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a los cuatro integrantes de Revolución Federal, y modificó la calificación legal a “coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva”, cuya pena prevista va de los tres hasta los seis años de prisión.
Martínez De Giorgi los había procesado por estar vinculados a “un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación”. Los imputados, había señalado el magistrado, “realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes”.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, en un fallo que fue firmado por los miembros de la sala I elegidos en su momento a dedo por Mauricio Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con disidencia de Mariano Llorens, cambiaron la figura penal al señalar que “Revolución Federal no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”.
“Sí entendemos que las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas”, señalaron.
En minoría, el juez Llorens dijo que el razonamiento de Martínez de Giorgi “no encuentra apoyo en prueba objetiva” y que no corresponde usar este tema como “antecedente del intento de homicidio contra la Sra. Fernández de Kirchner”.
Asimismo, habló de libertad de expresión y de que no está probado que el fin de Revolución Federal fuera imponer sus ideas por la fuerza. “Lo que no ha despejado la actividad de la instrucción es el fin propio de este grupo, esto es, que su objetivo principal sea imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Agregó que “Revolución Federal es una congregación de personas que se han unido en base a comulgar con las mismas ideas de descontento social, con el objeto de expresar y manifestar sus pensamientos, aunque sin la capacidad de organización y predicamento que pudiera otorgarle la capacidad de imponerlas por la fuerza o el temor”.
Como si fuera poco, consideró que “la paz social no fue alterada por este grupo y que no hay ninguna conexión con el atentado contra la vicepresidenta. “No hay elemento objetivo alguno que permita conectar esta causa con aquella en la que se investiga la tentativa de homicidio”, expuso.
Los integrantes de Revolución Federal habían sido detenidos en octubre del año pasado, en el marco de una causa que investiga amenazas de muerte contra CFK, Máximo Kirchner y Alberto Fernández. La vicepresidenta, quien sufrió un intento de asesinato el 1 de septiembre pasado, se presentó como querellante en la causa, ya que sus abogados tienen la hipótesis de que existe un vínculo entre esa organización y el intento de magnicidio perpetrado por Fernando Sabag Montiel.
Tras una denuncia presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que advertía que Revolución Federal podría estar involucrada en el atentado porque días antes había hecho un Twitter Space en el que su fundador, Jonathan Morel, describía una metodología similar a la que usó Sabag Montiel cuando intentó matar a Cristina Kirchner (infiltrarse entre la militancia y así atentar contra la vicepresidenta), el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Martínez de Giorgi que enviara el expediente sobre Revolución Federal a María Eugenia Capuchetti –a cargo de la causa del atentado– para que lo investigara dentro de la trama del intento de homicidio.
Sin embargo, ni la jueza Capuchetti ni el camarista Mariano Llorens estuvieron de acuerdo en unificar las pesquisas.
En noviembre, la Cámara federal porteña ordenó la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ya que entendió que no había elementos para sostener que su libertad pudiera poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados. En diciembre, la querella pidió que los imputados fueran nuevamente detenidos pero el juez Martínez de Giorgi rechazó el planteo.