Mientras los cortes de energía siguen afectando a miles de usuarios desde hace cinco días, el Gobierno tomó la decisión de aumentar la presión sobre la distribuidora Edesur: por ahora se descarta la posibilidad de retirarle la concesión, aunque se barajan otras alternativas intermedias, como podría ser la intervención de la empresa.
Anoche, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que instruyó la puesta en marcha de una auditoría en la empresa para revisar el valor del activo regulatorio, el cumplimiento del régimen de inversiones, los tiempos de respuesta a los usuarios y la calidad del servicio.
Asimismo, se informó que se le aplicará una multa de $ 1000 millones por los reiterados incumplimientos en la prestación del servicio, en tanto se les devolverá a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio, la totalidad de la factura del último mes. También se habilitará un ámbito de reclamo por daños que se hayan producido en los electrodomésticos a raíz de los cortes.
La decisión de avanzar en esa dirección se tomó luego de una reunión que ayer mantuvieron el presidente Alberto Fernández y Massa. Acto seguido, el ministro citó a los directivos de Edesur para comunicarles las novedades.
El malestar contra la empresa creció luego de que el viernes intentara desentenderse de su responsabilidad en los cortes, al asegurar que había sido un problema de generación de energía, argumento que reiteró ayer en una solicitada publicada en algunos matutinos.
El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) rechazó los argumentos brindados por Edesur para justificar los cortes de luz que afectan a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hace varios días. En señal de protesta, vecinos cortaron la autopista Dellepiane, para pedir una resolución del conflicto, lo que fue reprimido por la policía de Horacio Rodríguez Larreta.
La empresa eléctrica había publicado una solicitada donde sostuvo que “febrero se presentó como el más caluroso de los últimos 60 años”, y señaló que “el pasado viernes 10, a las 13.45, Edesur registró un récord histórico de demanda de energía de 4.181 megavatios (MW)”.
Ante esto, el interventor del ENRE, Walter Martello, rechazó los dichos esgrimiendo que la solicitada hace referencia “a la situación extraordinaria de las altas temperaturas del día viernes. El gráfico es de hace unos minutitos o sea cinco días después y 20 grados menos de temperatura”.
Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró el domingo que se había instruido al ENRE para que inicie las actuaciones administrativas correspondientes, para solucionar el problema de los reiterados cortes de luz que se repiten todos los años. “No nos va a temblar el pulso si eso implica tener que terminar el contrato de concesión del servicio de distribución eléctrica a cargo de la empresa Edesur”, amenazó.
En esa misma dirección se había pronunciado Martello, al no descartar el retiro de la concesión a la compañía eléctrica, por “incumplimientos crónicos” ante los recientes cortes de luz en el AMBA, el último capítulo de una extensa tradición de quejas de los usuarios, en especial con las temperaturas del verano.
Sin embargo, por ahora la idea fue dejada de lado, pero sigue estando en carpeta, mientras se evalúan distintas opciones. “Podría ser intervención de gestión, sin afectación de capital. El ENRE está trabajando una propuesta con Energía”, informaron en el Palacio de Hacienda.
Después del fallido de Vicentín, el fantasma del desembarco estatal en una empresa privada acechó al albertismo desde sus inicios. Por eso, desde una de las dependencias le bajan el impacto a la iniciativa. “No significa mucho más que un cambio en la gestión, pero no en la propiedad. Hay causales para hacerlo”, argumentaron, en función de los últimos cortes de suministro que siguen generando protestas en los barrios porteños.
Sin quedarse con sus activos, el grupo italiano Enel –dueño de la compañía- igual podría cumplir con la salida del país que está administrando desde fines del año pasado. Tiempo atrás, la empresa reveló un plan para desprenderse de sus activos energéticos en Argentina: a la distribuidora se suman las centrales térmicas Costanera y Dock Sud y maneja la hidroeléctrica El Chocón, todos activos heredados de cuando Enel se hizo propietaria de Edesur al adquirir en 2008 la mayoría accionaria de la española Endesa.
No es la primera vez que la Casa Rosada evalúa intervenir Edesur. En 2014, el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, amenazó con hacerlo, pero tuvo resistencia dentro del mismo gobierno de Cristina Kirchner.